Líderes y dignatarios de más de 20 países participarán este jueves en la primera reunión de la Junta de Paz, iniciativa impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el objetivo de buscar soluciones a conflictos internacionales, comenzando por la guerra en Gaza.

La cita se celebrará en el Instituto de Paz de Washington, recientemente rebautizado con el nombre del mandatario. La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, informó que el presidente inaugurará el encuentro con un discurso antes de viajar a Georgia.

«El presidente inaugurará la reunión mañana con un discurso y presidirá formalmente el inicio de la cita», declaró en rueda de prensa. Según adelantó la portavoz, la Junta anunciará un compromiso de más de 5.000 millones de dólares destinados a “los esfuerzos humanitarios y de reconstrucción de Gaza”.

Países fundadores y ausencias clave

Al menos 35 jefes de Estado y de Gobierno han aceptado formar parte de la Junta. Entre los 26 países fundadores figuran Israel, Argentina, El Salvador, Paraguay, Arabia Saudí y Egipto. En contraste, Francia, España y Suecia han rechazado integrarse.

El presidente argentino, Javier Milei, y su homólogo paraguayo, Santiago Peña, confirmaron su asistencia. Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, no acudirá personalmente y enviará a su canciller.

Trump aseguró que la Junta trabajará con Naciones Unidas “en algunos casos” y que la iniciativa irá “más allá de Gaza” para centrarse en “la paz en todo el mundo”. La entidad fue concebida inicialmente para supervisar el plan de paz tras el conflicto entre Israel y Hamás, pero amplió su misión hacia otros escenarios internacionales.

Sin embargo, varias potencias europeas han mostrado reticencias al considerar que el organismo podría debilitar el papel de la ONU. Leavitt calificó esas críticas de «profundamente lamentables» y subrayó: «No creo que la paz deba ser partidista, política ni controvertida».

El estatuto de la Junta otorga amplios poderes a su presidente, incluido el derecho de veto y la facultad de fijar la agenda. Además, establece mandatos permanentes para los mayores contribuyentes financieros, cuya permanencia cuesta 1.000 millones de dólares.

También te puede interesar:

1. Rusia respalda a Cuba frente al asedio naval de EE. UU.