Los Ángeles, California. — El Gobierno federal estadounidense incrementó la presencia militar en Los Ángeles con el envío de 2.000 soldados adicionales de la Guardia Nacional, elevando a cerca de 5.000 el número de efectivos desplegados en la ciudad, en medio de protestas relacionadas con recientes operativos migratorios. La decisión ha intensificado las tensiones entre la Casa Blanca y el gobernador de California, Gavin Newsom.

La medida fue confirmada por el propio gobernador a través de sus redes sociales, donde señaló que el despliegue adicional fue informado directamente por funcionarios de la administración del presidente Donald Trump. Según Newsom, esta acción se tomó sin su autorización formal, lo cual representa una inusual intervención federal en competencias estatales.

El envío inicial de 2.000 tropas, realizado el pasado sábado, se habría concretado sin el consentimiento del Ejecutivo californiano, situación que expertos consideran sin precedentes desde hace seis décadas. En respuesta, el fiscal general del estado, Rob Bonta, presentó una demanda alegando que la decisión federal vulnera la Décima Enmienda de la Constitución, que resguarda las atribuciones estatales frente al poder federal.

El gobernador Newsom expresó su preocupación por las condiciones logísticas de los efectivos desplegados, denunciando que gran parte de ellos permanece sin órdenes claras, en situación de hacinamiento en instalaciones federales, y sin acceso adecuado a alimentos o agua. A través de un mensaje en la red social X, calificó el despliegue como "imprudente" y carente de sentido operativo, cuestionando además que tenga como propósito la seguridad pública.

“Esto no tiene que ver con proteger a las personas, sino con alimentar el ego presidencial”, escribió Newsom.

Al contingente de la Guardia Nacional se sumará un batallón de aproximadamente 700 marines, según confirmó el Departamento de Defensa. Las tropas tienen la misión específica de resguardar edificios federales en el área metropolitana de Los Ángeles, en particular instalaciones vinculadas al sistema migratorio.

Actualmente, una cantidad limitada de soldados custodia el complejo federal del centro de la ciudad, que incluye un centro de detención de inmigrantes y oficinas del Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS), además de cortes de inmigración. Estas instituciones suspendieron sus actividades públicas, mientras se desarrollaba el cuarto día de protestas, que, según reportes oficiales, se mantuvieron en relativa calma y con menor afluencia que jornadas anteriores.

La situación ha generado preocupación entre organizaciones de derechos civiles, que cuestionan tanto la legalidad como la proporcionalidad del uso de fuerzas militares para atender manifestaciones sociales, especialmente en contextos sensibles como las redadas migratorias.

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