El Tribunal Constitucional de Turquía ratificó la validez legal de una ley que autoriza a los municipios a retirar de las calles a perros callejeros, y que contempla su eutanasia en ciertos casos, desestimando una petición de anulación impulsada por el principal partido de oposición y diversas organizaciones defensoras de los derechos animales.

La ley, promulgada en 2024, fue cuestionada ante el máximo tribunal por presuntamente violar los derechos de los animales y el derecho a la vida. Sin embargo, el fallo de este miércoles confirmó que la normativa cumple con el marco legal vigente y debe seguir aplicándose, lo que ha generado preocupación entre activistas y sectores de la sociedad civil.

El Gobierno turco sostiene que la legislación busca responder a preocupaciones de seguridad pública, especialmente tras varios incidentes de ataques de perros, algunos de ellos involucrando a menores de edad. Según estimaciones oficiales, alrededor de cuatro millones de perros callejeros deambulan por zonas urbanas y rurales del país.

De acuerdo con la normativa, los municipios deben recoger, vacunar, esterilizar y reubicar a los perros en refugios, donde podrán ser dados en adopción. Sin embargo, los animales enfermos terminales, aquellos que sufran dolor o representen un riesgo para la salud humana podrán ser sacrificados, lo que ha despertado alarma entre defensores de animales.

Organizaciones y ciudadanos se manifestaron frente al Tribunal Constitucional, portando pancartas con mensajes como “Anulen la ley sangrienta”. Alegan que, en la práctica, la medida podría derivar en una matanza generalizada, bajo la justificación de enfermedad o falta de recursos municipales.

El Colegio de Abogados de Ankara ha documentado cientos de muertes de perros callejeros desde la implementación de la ley, y considera que su aplicación no responde al interés público. Asimismo, señalan que los ayuntamientos carecen de la infraestructura necesaria para implementar refugios adecuados, lo que podría agravar la situación.

La organización Humane Society International (HSI) también ha criticado el enfoque de Turquía. “Es un paso atrás respecto a métodos más progresistas y humanos de gestión de la población canina en las ciudades”, señaló Katherine Polak, vicepresidenta de animales de compañía en la HSI.

La decisión del Tribunal eleva la presión sobre los gobiernos locales, quienes deberán ahora aplicar una ley que sigue generando tensiones tanto dentro como fuera del país.

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