En un movimiento que ha generado sorpresa y especulaciones, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México ha retirado voluntariamente la demanda civil que mantenía en Miami, Florida, contra Genaro García Luna y sus socios. Esta decisión, lejos de significar un abandono de la lucha contra la corrupción, se presenta como una jugada estratégica para facilitar un acuerdo extrajudicial que podría resultar en la recuperación de activos millonarios y revelar detalles cruciales de la trama de corrupción que involucra al exsecretario de Seguridad Pública.

La jueza Lisa Walsh, a cargo del caso, ha autorizado la extensión del diálogo entre las partes, más allá del período de mediación inicial, que concluyó el 23 de mayo de 2024. Este diálogo, según la UIF, ha avanzado "sustancialmente" hacia un acuerdo que permitiría al Estado Mexicano profundizar en el conocimiento de la red de corrupción y asegurar la recuperación de bienes sustraídos ilícitamente.

El retiro voluntario de la demanda, un recurso legal previsto en la Regla 1.420(a)(1) del Código de Procedimientos Civiles de Florida, no implica el fin del litigio. Por el contrario, la jueza conservará jurisdicción para hacer cumplir cualquier acuerdo que se alcance y dictar la sentencia correspondiente. La UIF ha enfatizado que, en caso de que no se concrete un acuerdo en los próximos 30 días, el Estado Mexicano tiene la opción de presentar nuevamente la demanda ante el mismo tribunal.

Este proceso legal se centra en la red de corrupción y lavado de dinero que García Luna y sus asociados tejieron a través de la contratación de empresas, utilizando recursos públicos para la adquisición de bienes inmuebles y muebles. La UIF ha identificado 30 contratos con diversos órganos de seguridad pública en México, mediante los cuales se desviaron 745.9 millones de dólares.

La decisión de la UIF se produce poco después de que la jueza Walsh sentenciara a García Luna y su esposa, Linda Cristina Pereyra, a pagar más de 2 mil 488 millones de dólares por su participación en un esquema de contrataciones ilegales. Esta sentencia, basada en siete resoluciones de culpabilidad previas, subraya la gravedad de las acusaciones y la determinación del Estado Mexicano de recuperar los fondos sustraídos.

La UIF ha aclarado que el retiro voluntario de la demanda no afectará la sentencia condenatoria contra García Luna, su esposa y sus empresas. En caso de ser necesario, se solicitará su ejecución tras el fallo condenatorio.