Un ciudadano estadounidense fue ejecutado este miércoles en Riad, la capital de Arabia Saudí, tras ser condenado a muerte por torturar y matar a su padre egipcio, según informó el Ministerio del Interior saudí en un comunicado. El hombre, identificado como Bishoy Sharif Naji Naseef, consumió narcóticos, golpeó y estranguló a su padre hasta causarle la muerte, y luego mutiló su cuerpo. Además, intentó asesinar a otra persona antes de ser arrestado por las autoridades.

El ministerio no especificó el método de ejecución, pero se presume que fue la decapitación, que es el procedimiento habitual en el reino saudí para los condenados a la pena capital. Tampoco se conoce si Naseef tenía una dirección o familiares en Estados Unidos, ni si contó con un abogado que lo defendiera. El Departamento de Estado de Estados Unidos no ha emitido ningún comentario al respecto, pese a las solicitudes de los medios de comunicación.

Arabia Saudí es uno de los países que más recurre a la pena de muerte en el mundo, sólo superado por China e Irán

Según Amnistía Internacional, el año pasado el país ejecutó a 184 personas, el mayor número registrado por la organización en un solo país en un año. Entre los ejecutados había menores de edad, activistas políticos, disidentes y personas acusadas de delitos relacionados con la brujería o el adulterio. Aunque las ejecuciones disminuyeron durante la pandemia de coronavirus, han aumentado en los últimos años. En marzo de 2022, Arabia Saudí llevó a cabo una ejecución masiva de 81 personas en un día, la más grande de la historia moderna del reino.

La pena de muerte es considerada por Amnistía Internacional como el exponente máximo de pena cruel, inhumana y degradante, y la organización pide su abolición total en todos los países. Asimismo, denuncia que el sistema judicial saudí es defectuoso y no respeta las garantías procesales ni los derechos humanos de los acusados. Muchos de ellos son juzgados sin una defensa adecuada, sin traducción si no hablan árabe, y bajo presión para firmar confesiones que no comprenden o que han sido obtenidas mediante tortura u otros malos tratos. También se les niega el derecho a una apelación efectiva y completa.

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