El Consejo de la Unión Europea (UE), en conjunto con la Eurocámara, llegaron a un acuerdo político con el objetivo de disminuir los envíos de residuos fuera de la Unión Europea y fortalecer los sistemas de control para garantizar la protección de la salud humana y del medio ambiente.

El acuerdo se anunció mientras se llevan a cabo en Kenia negociaciones lideradas por Naciones Unidas para un tratado destinado a reducir la contaminación por plásticos.

La UE deberá implementar políticas de reciclaje

Esto permitirá a la UE establecer un marco para recuperar y reutilizar de manera más eficiente los residuos como recursos secundarios. Además, se asegurará de que los residuos que se exporten no representen una amenaza para el entorno.

La vicepresidenta española y ministra en funciones para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, expresó en un comunicado que este pacto proporcionará un enfoque sólido para la gestión de los residuos y garantizará la sostenibilidad en el ciclo de vida de los mismos.

El acuerdo, que debe ser validado por el Consejo y el Parlamento Europeo, abarca los envíos de residuos dentro de la UE, tanto si estos pasan por terceros países como si no, así como los residuos importados y exportados desde y hacia terceros países. También incluye los envíos de residuos en tránsito a través de la UE hacia o desde terceros países.

Una de las medidas clave del acuerdo es la prohibición de enviar fuera de la UE aquellos desechos destinados a su eliminación dentro del territorio comunicado, a excepción de casos justificados y autorizados. Esta prohibición también aplicará a los residuos destinados a análisis y experimentos de laboratorio, siempre y cuando no superen los 250 kilos.

La omisión del acuerdo tendrá graves consecuencias

También se establecen plazos para los procedimientos y notificaciones, así como para las respuestas de las autoridades competentes. La Comisión Europea será la encargada de gestionar la información relacionada con los envíos de residuos. Además, en los casos excepcionales en los que se autorice el envío de residuos peligrosos a terceros países fuera de la UE, las instalaciones encargadas de tratar estos desechos en el lugar de destino deberán ser auditadas por organismos independientes.

Para garantizar el cumplimiento de estas regulaciones, se requerirá que los Estados miembros apliquen sanciones efectivas y proporcionales en caso de infracción. Estas sanciones podrán incluir multas y la suspensión de las autorizaciones para el transporte de residuos.