En su segundo informe anual, la Comisión Pontificia para la Protección de Menores reconoció que persisten omisiones graves dentro de la Iglesia católica en la atención a víctimas de abusos sexuales cometidos por miembros del clero.

El documento señala que muchas víctimas siguen enfrentando represalias, incluso décadas después de haber presentado denuncias. Algunas relataron presiones directas por parte de autoridades eclesiásticas, incluyendo amenazas a familiares o sanciones públicas tras hacer públicas sus acusaciones.

El informe también advierte sobre una “resistencia cultural” que impide avanzar en la prevención de estos delitos en distintas diócesis del mundo. Se identificaron grandes diferencias regionales en cuanto a la colaboración, la transparencia y el apoyo a las personas afectadas.

Luis Manuel Alí Herrera, secretario de la comisión, explicó que muchas víctimas expresan no sentirse escuchadas ni acompañadas adecuadamente por la institución, y que en muchos casos se percibe una falta de empatía.

Entre las recomendaciones del informe destaca la necesidad de ofrecer apoyo psicológico, emitir disculpas públicas, brindar reparaciones económicas y comunicar abiertamente los motivos por los cuales se destituye a sacerdotes involucrados en casos de abuso.

El texto, de más de 100 páginas, también subraya que la llamada “cultura del silencio” sigue siendo un obstáculo en diversas regiones, lo que limita la denuncia y la justicia. En particular, se mencionan países donde el número de respuestas de las diócesis a las investigaciones internas ha sido bajo o nulo.

El presidente de la comisión, Thibault Verny, afirmó que este informe busca ser una herramienta para ayudar a superar las deficiencias estructurales y a consolidar una cultura de responsabilidad y protección. Subrayó que los errores del pasado no deben repetirse, y que la institución necesita asumir un rol activo y transparente.

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