En medio de tensiones diplomáticas, Venezuela acusa al gobierno de Colombia, liderado por el presidente Gustavo Petro, de cometer «un acto de grosera injerencia» al expresar su preocupación por las dificultades enfrentadas por la mayor coalición opositora de ese país para inscribir su candidatura a las presidenciales del 28 de julio.

El canciller de Venezuela, Yván Gil, criticó las declaraciones emitidas por la Cancillería colombiana, señalando que estas responden a la necesidad de complacer los intereses del Departamento de Estado de EE. UU. Según Gil, al emitir juicios falsos sobre el proceso electoral venezolano, Colombia está violando la soberanía del país vecino y buscando minar las relaciones diplomáticas entre ambas naciones.

La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), principal coalición opositora de Venezuela, denunció que no pudo inscribir la candidatura de la historiadora Corina Yoris, y rechazó la falta de explicaciones por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE). Estas decisiones, según el gobierno de Colombia, pueden afectar la confianza de la comunidad internacional en la transparencia y competitividad del proceso electoral en Venezuela.

Por su parte, Colombia insiste en la necesidad de un proceso electoral presidencial libre y justo en Venezuela, promoviendo la participación ciudadana a través del voto como expresión democrática. El gobierno de Petro, quien ha sido instado por diversos sectores a rechazar lo sucedido en Venezuela, pide garantías políticas y electorales para todos los actores políticos por igual, como parte fundamental de la democracia.

Estas tensiones diplomáticas entre Colombia y Venezuela se suman a las críticas de otros países de la región, como Brasil, hacia el proceso electoral venezolano. En medio de este escenario, queda en evidencia la complejidad política y las divisiones que persisten en la región latinoamericana.