Cuando se cumplen dos meses de la captura de Nicolás Maduro, los sectores políticos en Venezuela exploran la posibilidad de un acuerdo amplio que permita celebrar elecciones libres y avanzar en la renovación de los poderes del Estado. El movimiento, según actores políticos consultados esta semana, va más allá de una simple convocatoria electoral y busca restaurar la legitimidad institucional del país.

Desde inicios de año, tras la captura del exmandatario, centenares de presos políticos han sido liberados, se ha aprobado una Ley de Amnistía, y se presentó una modificación a la Ley de Hidrocarburos a pedido de Estados Unidos —un gesto interpretado como parte de un cambio estratégico en la política interna y exterior venezolana—. Además, el fiscal general Tarek William Saab renunció a su cargo en medio de este proceso de transición.

Conversaciones para un consenso

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, indicó que se están realizando **“reuniones y espacios” donde diversos sectores políticos debaten no solo sobre elecciones, sino también sobre la renovación de los poderes públicos. Según sus palabras, se busca “fortalecer todas las instituciones, incluida la institución del voto”, así como “pintar bien la cancha para cuando se convoquen unas elecciones que tendrán que hacerse de consenso para que todo el mundo se sienta tranquilo”.

Rodríguez detalló que este proceso ya comenzó con la elección de nuevas autoridades para cargos como fiscal general y defensor del Pueblo, y subrayó la necesidad de reconstruir la confianza en la Asamblea Nacional, el poder judicial y el Ejecutivo.

Posición de la oposición

Por su parte, la líder opositora María Corina Machado, exiliada actualmente, ha anunciado su regreso a Venezuela “en pocas semanas” y adelantó que llegará con una propuesta de tres ejes: fortalecer la unidad nacional, establecer un acuerdo que permita consensos y gobernabilidad, y preparar al país para una “gigantesca victoria electoral”.

Aunque sus planteamientos coinciden en parte con los del oficialismo en cuanto a la necesidad de consenso, también marcan una distancia clara con el pasado reciente, incluido el polémico proceso del 28 de julio de 2024, cuyos resultados y legitimidad fueron cuestionados por la oposición y la comunidad internacional.

Reconstrucción institucional y retos

Analistas y organizaciones de derechos humanos han señalado que la situación actual representa una oportunidad para impulsar reformas profundas, no solo jurídicas sino también electorales, con el objetivo de garantizar elecciones libres, transparentes y con participación plural. Sin embargo, advierten que sin cambios estructurales en instituciones como el Consejo Nacional Electoral o el sistema judicial, el proceso podría verse limitado en su credibilidad.

En el país persisten tensiones y posiciones divergentes: mientras algunos sectores abogan por avanzar con rapidez hacia elecciones, otros insisten en robustecer primero el entramado institucional para evitar nuevos conflictos. Este debate, emergente en un contexto de cambios políticos sin precedentes, será clave para definir el futuro de Venezuela en los próximos meses.

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