En medio de crecientes tensiones diplomáticas, el gobierno de Venezuela decidió llamar a consultas a su embajadora en España, Gladis Gutiérrez, y citar al embajador español en Caracas, Ramón Santos Martínez, a comparecer en la sede del Ministerio de Exteriores el viernes.

La decisión fue anunciada por el canciller venezolano, Yván Gil, en respuesta a declaraciones de la ministra española de Defensa, Margarita Robles, quien calificó al gobierno de Nicolás Maduro de «dictadura».

Las tensiones entre ambos países se intensificaron después de que España concediera asilo al opositor venezolano Edmundo González Urrutia, quien denunció un fraude en las elecciones presidenciales de Venezuela y se refugió en Madrid tras un mes en la clandestinidad.

El canciller Gil calificó las declaraciones de Robles como «insolentes, injerencistas y groseras», lo que ha llevado a un deterioro en las relaciones bilaterales.

El líder opositor se reunió recientemente con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en el Palacio de La Moncloa, donde se solidarizó con los ciudadanos venezolanos que han tenido que abandonar su país debido a la crisis política y económica.

España, en concordancia con la Unión Europea, ha exigido la publicación de las actas electorales de las elecciones venezolanas, sin reconocer la reelección de Maduro.

La posibilidad de una ruptura de relaciones entre ambos países ha generado preocupación, especialmente entre la comunidad venezolana en España, estimada en más de 280 mil personas.

La portavoz del Gobierno español, Pilar Alegría, aseguró que su país tiene interés en mantener las mejores relaciones con el pueblo venezolano, a pesar de las diferencias políticas.

Mientras tanto, Estados Unidos anunció sanciones a 16 funcionarios venezolanos, incluida la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Caryslia Rodríguez, por su presunta participación en un «fraude» durante las elecciones presidenciales de Venezuela. Las autoridades estadounidenses han exigido que se divulguen los resultados detallados de los comicios y permitan su verificación imparcial.

El gobierno venezolano rechazó las sanciones y las calificó como un «acto grosero» para congraciarse con una clase política que ha intentado derrocar la democracia bolivariana.

A pesar de las presiones internacionales, Maduro ha reafirmado su compromiso con el pueblo venezolano y su gobierno, destacando su voluntad de resistir cualquier intento de intervención extranjera.

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