El Gobierno de Venezuela anunció su retiro del Estatuto de Roma, tratado que dio origen a la Corte Penal Internacional (CPI), al argumentar que el tribunal mantiene un presunto sesgo político e ideológico en sus actuaciones. La decisión fue comunicada por la Cancillería venezolana mediante un pronunciamiento oficial.

Las autoridades sostuvieron que el sistema de justicia venezolano tiene la capacidad de investigar y sancionar los delitos que se cometan en el país, por lo que consideraron que la intervención de la CPI representa una afectación a la soberanía nacional. Además, señalaron que las investigaciones del organismo internacional responden a intereses geopolíticos y no exclusivamente a criterios jurídicos.

De acuerdo con el artículo 127 del Estatuto de Roma, la salida de un Estado parte entra en vigor un año después de que la notificación formal sea recibida por la Secretaría General de las Naciones Unidas.

Especialistas en derecho internacional recordaron que el retiro del tratado no extingue las investigaciones ni los procedimientos relacionados con hechos ocurridos mientras el país era Estado parte, por lo que los casos abiertos por la CPI podrían continuar conforme a las disposiciones del Estatuto.

La decisión provocó reacciones de organismos internacionales y organizaciones defensoras de derechos humanos, que manifestaron preocupación por el impacto que la medida podría tener en los mecanismos de justicia internacional y rendición de cuentas en la región.

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