Venezuela refuerza penas de prisión para «delitos políticos»
08/05/2024 - Hace 2 semanas en InternacionalVenezuela refuerza penas de prisión para «delitos políticos»
Caracas.- En medio de un clima político tenso y marcado por las elecciones presidenciales del próximo mes de julio, Venezuela está impulsando una serie de nuevas leyes que refuerzan las penas de prisión para aquellos considerados «fascistas» o «traidores a la patria».
El presidente Nicolás Maduro, que busca un tercer mandato, ha propuesto reformar la Constitución para instaurar la prisión de por vida para quienes sean acusados de corrupción y traición a la patria. Esta medida, que representa un endurecimiento drástico de las penas en un país donde la condena máxima es de 30 años, ha generado preocupación entre abogados y activistas de derechos humanos.
En paralelo, se discuten en el Parlamento dos proyectos de ley que han puesto en alerta a la oposición y a la comunidad internacional. Uno de ellos es una ley contra el fascismo, que contempla penas de hasta 12 años de cárcel para aquellos que participen en acciones que el gobierno considera como apología al fascismo. El segundo proyecto busca regular el financiamiento de las organizaciones no gubernamentales, con multas de hasta 100.000 dólares para aquellas entidades que supuestamente financien actividades contrarias al gobierno.
Venezuela tomará acciones contra «traidores a la patria»
Los críticos de estas leyes advierten que buscan intimidar a la oposición y a la sociedad civil en un contexto electoral, con arrestos de militantes opositores y activistas de derechos humanos. Según el sociólogo Rafael Uzcátegui, casi todos los presos políticos en Venezuela están acusados de delitos como traición a la patria o de odio, lo que refleja un uso político de la justicia para perseguir a disidentes.
La vicepresidenta Delcy Rodríguez, promotora de la ley contra el fascismo, justificó su aprobación en primera discusión en el Parlamento argumentando la necesidad de combatir expresiones fascistas en el país. Sin embargo, hay críticas sobre la vaguedad de los términos utilizados en la ley y el potencial uso discriminatorio contra la oposición.
