Brasilia.- Los nuevos representantes de la empresa X en Brasil han presentado este jueves un documento ante la Corte Suprema, en el cual afirmaron haber cumplido con todas las determinaciones de ese tribunal y han solicitado que se levante la suspensión de sus servicios, según información proveniente de fuentes oficiales.

La petición llegó al magistrado Alexandre de Moraes, quien está a cargo en el Supremo de un proceso relacionado con la difusión de información falsa y delitos de odio en internet, y que el pasado 31 de agosto decidió suspender las actividades de la empresa del magnate Elon Musk en el país.

Esta decisión se tomó tras la negativa reiterada y sistemática de la compañía a cumplir con las decisiones de la Corte, las cuales ordenaban la suspensión de perfiles que estaban propagando desinformación y mensajes de odio.

X también retiró a sus representantes legales de Brasil y no pagó las sanciones económicas impuestas, llegando a acumular casi cuatro millones de dólares en multas, entre otras faltas.

El magnate Elon Musk utilizó su propia red social para responder a De Moraes, llegando a calificar al juez de «dictador» y acusándolo de «violar» la Constitución brasileña. No obstante, ante la firmeza del magistrado, Musk ha ido aceptando gradualmente todas las decisiones tomadas en su contra.

X pide regresar a Brasil

En el documento presentado este jueves, los nuevos representantes legales de X en Brasil argumentan que la empresa finalmente ha cumplido con todas las decisiones judiciales y han solicitado formalmente «el restablecimiento de la plataforma en Brasil».

En el momento de la suspensión, la red social X contaba con aproximadamente veinte millones de usuarios en Brasil y desde hace tiempo estaba bajo escrutinio judicial, especialmente por permitir la difusión de información falsa y mensajes de odio, mayormente atribuidos a activistas de la extrema derecha.

Esta situación fue reflejada en la sentencia del juez De Moraes, quien el 31 de agosto ordenó la suspensión de X en el país debido a los «reiterados, conscientes y voluntarios incumplimientos de órdenes judiciales y pago de multas».

Según el magistrado, todo esto tendría como objetivo establecer un clima de total impunidad y una atmósfera sin ley, facilitando así la actuación de grupos extremistas y milicias digitales en las redes sociales, mediante la masiva divulgación de discursos nazis, racistas, fascistas, de odio y antidemocráticos.

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