Los conciertos de Bad Bunny en Puerto Rico deslumbraron a miles de fanáticos, no solo por sus éxitos musicales, sino también por la puesta en escena, donde uno de los elementos más icónicos ha sido “La Casita”, una vivienda pintada de salmón con bordes amarillos que se convirtió en un símbolo de su gira. Sin embargo, este emblemático escenario ahora está en el centro de una controversia legal que podría costarle millones al artista.

Don Román Carrasco Delgado, un hombre de 84 años residente en Humacao, reclama ser el dueño original de la vivienda, construida en la década de 1960 junto a su familia. Según la demanda presentada en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, la propiedad fue usada en el cortometraje Debí Tirar Más Fotos y posteriormente replicada en tamaño real para los conciertos No Me Quiero Ir de Aquí, sin que el dueño recibiera compensación justa ni autorización completa para estos usos.

Carrasco aseguró que firmó un documento en un teléfono móvil sin recibir una explicación clara de su alcance, creyendo que solo permitiría la aparición de su casa en un video. El problema surge porque la réplica física de “La Casita” se convirtió en un elemento central de la escenografía de los conciertos, donde interactuaban invitados, celebridades y merchandising, generando ingresos que, según el demandante, no le fueron compartidos.

La demanda exige al menos un millón de dólares por daños emocionales, pérdida de privacidad e ingresos no percibidos. Don Román también denuncia que desde la difusión del video y la realización de los conciertos, su propiedad se ha convertido en atracción turística involuntaria, con personas tomando fotos, midiendo el inmueble y grabando videos, lo que considera una invasión a su privacidad.

Además del propio Bad Bunny, la acción legal apunta a tres empresas vinculadas a la producción y promoción de los eventos: Rimas Entertainment LLC, Move Concerts PR, Inc. y A1 Productions, LLC (WSLS), acusadas de enriquecimiento ilícito por beneficiarse del uso de la casa sin compensar proporcionalmente al propietario. Hasta el momento, no hay fecha definida para el inicio del proceso judicial y el equipo del artista no ha emitido declaraciones sobre el caso.

La polémica ha abierto un debate sobre los límites del uso de propiedades privadas en producciones artísticas y la responsabilidad de los artistas y productoras al replicar elementos icónicos sin el consentimiento total de sus propietarios.

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