Los Ángeles, Estados Unidos. La justicia estadounidense impuso una multa de 1.5 millones de dólares al cantante de música regional mexicana Gerardo Ortiz, luego de que en noviembre de 2025 se declarara culpable de realizar actividades financieras vinculadas a una empresa relacionada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La cifra equivale a más de 26 millones de pesos mexicanos.

La jueza federal Maame Ewusi Frimpong estableció un plazo máximo de 14 días para cubrir el monto y desestimó la solicitud de la defensa de reducir la multa a 200 mil dólares por alegadas dificultades económicas y problemas migratorios.

Además, Ortiz deberá cumplir tres años de libertad supervisada, permanecer bajo vigilancia de un oficial asignado y abstenerse de consumir cualquier tipo de sustancias ilegales. No se le prohibió salir del país, pero deberá cumplir estrictas condiciones de supervisión.

Tras la audiencia, Ortiz declaró a la prensa: “No era lo que esperaba, pero hay que seguir adelante, con los proyectos y con la música. Yo tengo a mi familia, los fans que siempre me apoyan y estoy tranquilo”. Respecto al consumo de sustancias ilícitas, afirmó: “Nunca he sido dependiente de ninguna droga. Podríamos ir ahora a hacerme una prueba”.

El caso se originó a partir de conciertos realizados en 2018 organizados por la empresa Gallística Diamante, propiedad de Jesús Pérez Alvear, identificado por autoridades estadounidenses como operador financiero del CJNG. Ortiz participó en los eventos por indicación de su entonces mánager, José Ángel del Villar, fundador del sello discográfico Del Records.

Otros implicados, incluidos Del Villar y el financiero Luca Scalisi, fueron vinculados a operaciones financieras con recursos provenientes del CJNG. Jesús Pérez Alvear fue asesinado en Ciudad de México a finales de 2024, antes de poder testificar.

Gerardo Ortiz fue procesado de manera independiente y admitió que realizó los conciertos bajo presión de su representante, negando cualquier vínculo personal con el narcotráfico. Su colaboración con el FBI fue clave para la condena de Del Villar y lo convirtió en testigo protegido.

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