En las Américas, una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física y/o sexual por parte de su pareja a lo largo de su vida, de acuerdo con datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). El organismo advierte además que, en la región, muchas mujeres inician su vida sexual mediante un acto forzado o no deseado, lo que evidencia la magnitud estructural del problema.

El señalamiento forma parte del documento Herramienta de evaluación rápida para mejorar la atención a mujeres sobrevivientes de violencia sexual, en el que la OPS subraya las consecuencias directas del abuso en la salud de las víctimas. Las mujeres que han experimentado violencia física o sexual tienen 1.5 veces más probabilidades de contraer VIH, 16% más riesgo de tener bebés con bajo peso al nacer y más del doble de probabilidades de sufrir depresión, en comparación con quienes no han vivido estas agresiones.

En un contexto regional donde las tasas de violencia sexual y física siguen siendo elevadas, la OPS sostiene que la atención posterior a una violación, oportuna y compasiva, es clave para prevenir embarazos no deseados, infecciones de transmisión sexual y para proteger la seguridad y el bienestar de las sobrevivientes. El organismo enfatiza que la respuesta institucional puede marcar la diferencia entre la protección y la revictimización.

El documento destaca que el sistema de salud es un actor central tanto en la atención como en la prevención de la violencia de género. Al ser con frecuencia el primer punto de contacto profesional, los servicios sanitarios tienen la capacidad de identificar el abuso de forma temprana, brindar atención clínica adecuada y canalizar a las mujeres hacia redes de apoyo especializadas.

“La interacción debe ser empática, sin prejuicios y sin revictimizar”, advierte la OPS, al señalar que las agresiones sexuales afectan la salud física, mental, sexual y reproductiva, lo que explica por qué las sobrevivientes recurren con mayor frecuencia a los servicios de salud.

La herramienta presentada por la OPS busca ofrecer a los países de la región un instrumento práctico, basado en evidencia, que permita evaluar la atención en salas de emergencia y clínicas, identificar brechas críticas y fortalecer la respuesta del personal sanitario. Con ello, el organismo apunta a traducir los compromisos regionales en mejoras concretas en los establecimientos de salud, frente a uno de los problemas de derechos humanos y salud pública más extendidos del continente.

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