Ciudad de México.-   La crisis sanitaria provocada por la pandemia del Coronavirus ha evidenciado los riesgos para la población penitenciaria, lo que generó llamados de organismos internacionales y agrupaciones nacionales, quienes lograron que el próximo lunes 20 de abril el Senado sesione para aprobar una ley de amnistía.

La ley, avalada en diciembre por la Cámara de Diputados, abre la puerta para la liberación de personas acusadas de delitos menores contra la salud, presos políticos, integrantes de los pueblos indígenas o mujeres acusadas por el delito de aborto u homicidio en razón de parentesco, tipo penal que se usa para encarcelar a mujeres que tuvieron partos prematuros. En opinión de la coordinadora de Incidencia de la organización Asistencia Legal por los Derechos Humanos, Verónica Garzón Bonetti, si bien se espera que la ley de amnistía sea un ejercicio de acceso a la justicia para las mujeres, no es el mecanismo ideal para liberarlas durante la pandemia.  El problema, explicó, es que se trata de una norma que beneficiará a quienes fueron procesadas y sentenciadas por delitos del fuero federal, además, según estimaciones de esta organización, los procesos de liberación pueden tardar hasta dos años.

Una vez aprobada la ley, el Ejecutivo federal deberá crear una comisión especial para que las personas interesadas o sus representantes legales soliciten este beneficio; o bien, los jueces revisarán los casos y ordenarán a la Fiscalía General de la República el desistimiento de la acción penal, pero se pueden aplicar otros mecanismos existentes, dijo. Para Asilegal, la amnistía reconoce la discriminación sistemática contra ciertos de grupo de la población y sus circunstancias de exclusión, marginación y vulnerabilidad. En el caso de las mujeres, además evidencia que son criminalizadas por decidir sobre su cuerpo o que son víctimas de emergencias obstétricas.  Garzón Bonetti consideró que una amnistía puede beneficiar a quienes fueron investigadas, procesadas o sentenciadas por delitos contra la salud, que de acuerdo con la organización Justicia para las Mujeres, son 3 mil 18 mujeres.

Ese mismo día, el Poder Judicial de Ciudad de México informó que a partir de esa semana se revisan casos de personas vulnerables en reclusión para determinar si son beneficiarias del programa de Libertades por Razones Humanitarias. En un primer momento 78 personas serían liberadas.  Este viernes, la Secretaría de Seguridad del Estado de México informó que, en coordinación con el Poder Judicial del estado, se fortalecerán los mecanismos de beneficios de preliberación y que 59 personas ya fueron liberadas, aunque tampoco se especificó cuántas eran mujeres.

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