Ciudad de México.- Por un supuesto pago de 77 millones de pesos para el levantamiento de encuestas que serían aplicadas a más de seis millones de personas, pero de las cuales sólo fueron entrevistados un millón 48 mil 575, la extitular de la entonces Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles, está siendo investigada.

De acuerdo con lo dado a conocer este sábado por un medio de circulación nacional, el contrato de ese servicio se firmó el 1 de septiembre de 2014, entre la Sedesol (ahora Secretaría del Bienestar) y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), institución que realizaría encuestas a los beneficiarios de los programas sociales.

La UAEM también se encargaría de verificar la información y datos personales de los beneficiarios en los estados de México, Chiapas, Chihuahua, Hidalgo, Jalisco, Veracruz.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) revisó ese convenio, que se pagó el 8 de diciembre de 2014, y encontró que de los seis millones 700 mil 164 beneficiarios que serían encuestados, sólo un millón 48 mil 575 fueron entrevistados, lo que representa 15.6 por ciento del total.

También se identificó que el 28 de noviembre de 2014, la institución educativa subcontrató los servicios con la empresa Grupo Industrial y Servicios Yafed por 73 millones 160 mil pesos.

La Fiscalía General de República (FGR) investiga este contrato y a la extitular de la Sedesol, así como al exoficial mayor, Emilio Zebadúa, y al exdirector general de Programación y Presupuesto, Francisco Javier Báez Álvarez, quien habría autorizado el pago.