Ciudad de México.- Decenas de organizaciones sociales exigieron al presidente Andrés Manuel López Obrador, detener los discursos que “estigmatizan y criminalizan” la labor de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, y disculparse públicamente por la acusación de que al menos ocho organizaciones civiles reciben financiamiento de fundaciones extranjeras para criticar y oponerse a la obra del Tren Maya, lo cual es falso.

“Sin lugar a dudas, estos calificativos estigmatizan y criminalizan la labor de las organizaciones y el medio de comunicación señalado, al inferir que por recibir recursos de agencias internacionales, sus luchas y su labor de defensa de derechos humanos, así como su ejercicio de libertad de expresión, son ilegítimas”, mencionaron las organizaciones sobre lo dicho por el Mandatario federal en la conferencia matutina del 28 de agosto de 2020.

El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos A.C., el Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (CRIPX), entre otras, agregaron, “están siendo objeto de difamación y hostigamiento, por acompañar a personas defensoras de tierra y territorio ante las acciones de implementación del megaproyecto «Tren Maya» en el sureste del país, que viola sus derechos sociales, económicos, culturales y ambientales y de los pueblos y comunidades indígenas”.

“También fue señalado en el listado de organizaciones que recibieron fondos de ‘benefactores y opositores’, buscando generar un nexo causal entre el corte crítico del medio y los recursos que recibe. Calificar a dichas organizaciones y al medio como ‘opositores’, cuestionando la legitimidad de su labor por denunciar violaciones a los derechos humanos, es un acto que criminaliza y desacredita la labor de defensa de derechos humanos y la libertad de expresión”, comentaron integrantes del medio Animal Político.

Desde que López Obrador asumió la administración federal en diciembre de 2018, apuntaron las OSC, al menos 14 periodistas y 26 personas defensoras de derechos humanos han sido asesinadas. Además, la organización internacional Global Witness colocó a México este año como el cuarto país más peligroso en el mundo para las personas defensoras del medio ambiente.

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