Puebla, Pue.- La Ley de Educación del Estado de Puebla ha generado polémica por contemplar que bienes inmuebles de escuelas privadas formen parte del Sistema Educativo Estatal.

Además, la Secretaría de Educación Pública del Gobierno de Puebla podrá regular los nombres de las escuelas incorporadas al Sistema Educativo Estatal, independientemente de si son públicas o privadas.

En este sentido se prohibirá el uso de nombres de servidores públicos o representantes populares en funciones.

También se impedirá la retención de documentos personales o académicos por falta de pago y que se deban adquirir materiales o uniformes en un sitio especial bajo la amenaza de sanciones o de que los alumnos no podrán ingresar a las escuelas.

La SEP Puebla también podrá fijar cuotas en instituciones privadas, siempre y cuando alumnos o padres de familia soliciten su intervención por posibles cobros excesivos o injustificados.

En educación superior, la ley obligará a todas las universidades a cooperar con auditorías, y si se encuentra que utilizan recursos públicos para fines que no sean educativos, se podrán imponer responsabilidades administrativas, civiles y penales.

De incumplir con la ley, las instituciones educativas podrán hacerse acreedoras a sanciones de entre 440 mil y 870 mil pesos, ser clausuradas o revocados sus permisos.

Rectores reaccionan en contra

Aunque durante la aprobación de la Ley de Educación del Estado de Puebla el diputado Hugo Alejo Domínguez aseguró que esta “es producto de un ejercicio de trabajo consensado” entre legisladores y diversos sectores de la educación y autoridades del ramo, los rectores de diversas universidades opinan lo contrario.

El rector de la Universidad Anáhuac, José Mata Temoltzin, criticó que aunque el Consorcio Universitario y la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior buscaron participar en la ley con propuestas, no fueron escuchados.

Por su parte, el rector de la Universidad de las Américas Puebla, Luis Ernesto Derbez Bautista, consideró que la ley es un ataque al sistema privado de educación, toda vez que tiene un “espíritu intervencionista”.

Además, la Federación para la Defensa de Escuelas Particulares analiza promover un juicio de amparo, a nombre de sus 25 instituciones afiliadas.

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