Ante las agresiones que ha sufrido el personal de la salud, en la Cámara de Diputados se presentó una iniciativa para castigar con cárcel estos ataques.

La misma fue presentada por legisladoras panistas y busca penalizar delitos patrimoniales con contra de enfermeras, médicos y personal que labora en cualquier centro hospitalario. Con ello se brindará mayor certidumbre de su integridad.

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Contempla establecer de uno a cinco años de prisión a quien cometa este delito, contemplando robo, lesiones o amenazas  contra el personal de salud.

Este fenómeno de discriminación y agresión ante la pandemia se ha extendido a 22 entidades como Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco y Puebla, con mayor frecuencia.

Pero también hay casos en Aguascalientes, Querétaro, Morelos, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz, registran dos. En tanto, Baja California Sur, Campeche, Colima, Coahuila, Durango, Michoacán, Oaxaca, San Luis Potosí, Sonora y Sinaloa.