El hallazgo de más de 60 cuerpos humanos, incluidos al menos 10 bebés, estremeció al estado de Morelos, donde se llevó a cabo la cuarta diligencia de exhumación en las fosas clandestinas de Jojutla. Los trabajos, encabezados por el colectivo “Desaparecidos Tetelcingo y Jojutla”, fueron suspendidos temporalmente debido al riesgo de colapso de un muro, agravado por las lluvias ocasionadas por el huracán Erick.

La Fiscalía de Morelos informó que la suspensión de los trabajos fue determinada con base en un dictamen técnico de la Dirección General de Servicios Periciales, que advirtió sobre el mal estado del muro perimetral del panteón. Con 24.40 metros de largo y 1.95 metros de alto, la estructura presenta fracturas, fisuras y un colapso parcial, lo que representa un peligro inminente para el personal que trabaja en el sitio.

El documento técnico advirtió que las vibraciones derivadas de las labores de excavación que ya alcanzaron 2.5 metros de profundidad podrían agravar la inestabilidad del muro, por lo que se recomendó la demolición total de la estructura antes de continuar.

De acuerdo con Amalia Alejandra Hernández Hernández, integrante del colectivo y tía de una víctima desaparecida, se han recuperado más de 60 cuerpos, entre ellos entre 10 y 12 bebés, más de 10 mujeres y una decena de restos óseos, aunque aclaró que las cifras son inexactas debido a las múltiples irregularidades en la clasificación y embalaje de los restos.

Uno de los errores más alarmantes señalados por Amalia es que un cuerpo completo de un bebé fue registrado como “hueso disperso”, lo que evidencia una falta de homologación y cuidado en el tratamiento de los restos. Además, existen embalajes con restos de más de una persona, y fragmentos óseos sin determinar si pertenecen a un cuerpo completo o a amputaciones por causas médicas o violencia.

“No podemos hablar de cifras claras cuando el registro de la Fiscalía tiene tantas fallas. Las víctimas merecen claridad, respeto y rigor en este proceso”, denunció Amalia.

Otra de las denuncias graves hechas por el colectivo es la ausencia de la Guardia Nacional durante varios días de la exhumación, lo que afectó la cadena de custodia y el proceso de obtención de perfiles genéticos, fundamentales para la identificación de los cuerpos.

“Sin la Guardia Nacional, no se puede determinar con certeza qué muestra se puede llevar para análisis. Su presencia es indispensable”, recalcó Amalia.

Además, la Fiscalía no ha contado con un antropólogo físico ni un arqueólogo adscrito al proyecto. La única profesional de antropología física trabaja desde el gabinete, mientras que una arqueóloga de la Comisión Nacional de Búsqueda, sin cédula profesional en esa especialidad, ha estado a cargo en campo, lo que genera dudas sobre la validez y el rigor técnico de los hallazgos.

Los trabajos de exhumación comenzaron el pasado 26 de mayo, como parte de un acuerdo firmado el 16 de abril entre colectivos de búsqueda y autoridades estatales. Tras la suspensión por motivos de seguridad estructural, se espera que en los próximos días se convoque a una nueva reunión para evaluar los avances y fijar una fecha de reanudación, una vez que se garantice la seguridad del personal y las víctimas.

Los familiares no solo buscan los restos de sus seres queridos, sino también respuestas claras, transparencia en los procesos forenses y justicia frente a un sistema que, denuncian, ha fallado repetidamente.

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