Ciudad de México.- Familiares de los 43 estudiantes desaparecidos en 2014 en Ayotzinapa, confían en que los avances que tiene previsto presentar el Gobierno el sábado; en el sexto aniversario de un crimen que conmocionó al país.

“Hay pruebas suficientes para proceder en contra de esas personas”, afirmó Santiago Aguirre, director del centro de derechos Humanos Prodh y representante de las familias. Parte de los avances, dice, surgieron del rastreo de la telefonía móvil y de nuevas declaraciones.

El caso, aún en el misterio

A su juicio, “no hay duda de que eran parte del esquema» criminal entre funcionarios y delincuentes que permitieron las desapariciones aunque lamentó que todavía no se sepa con claridad qué pasó esa noche, ni el paradero de los muchachos.

La falta de certezas mantiene a las familias en la desesperación, pero detener u ordenar el arresto de algunos militares plenamente identificados tendría una gran carga simbólica dado el apoyo y la defensa incondicional que el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo de las fuerzas armadas.

“Nos tiene que dar algo dar algo concreto, algo de avance y esas detenciones lo serían», comentó Clemente Rodríguez, padre de uno de los jóvenes.

En julio pasado, a Rodríguez le informaron sobre el hallazgo de un fragmento de un hueso del pie de su hijo, Christian Alfonso.

Según Rodríguez, la identificación de un resto de dos gramos no responde a la pregunta clave de qué pasó con los 43 estudiantes aunque sí la considera un avance y una nueva confirmación de la falsedad de la versión que les dio el anterior Gobierno.

La caída de la «verdad histórica»

La considerada “verdad histórica” por la administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018), aseguraba que el 26 de septiembre de 2014 policías locales de Iguala capturaron a los estudiantes en esa localidad de Guerrero y los entregaron a integrantes del crimen organizado.

Señalaron que éstos los incineraron en un basurero de un municipio vecino, Cocula, y luego tiraron sus restos a un río cercano.

En ese río se localizó un hueso que fue identificado como el de uno de los estudiantes, Alexander Mora, pero un grupo de expertos internacionales independientes no pudieron comprobar cómo llegó ahí.

Denunciaron multitud de irregularidades en el proceso, obstrucción a la justicia de autoridades locales, estatales y federales y que acusados clave fueron torturados, algo que luego la ONU ratificó.

La propia justicia mexicana ordenó en 2018 la reposición de todo el proceso porque la fiscalía federal no había sido imparcial.

Gobierno de AMLO reveló otra verdad

La llegada de López Obrador al poder dio un giro a la investigación, se creó una Comisión de la Verdad, se hicieron nuevas búsquedas (como en la que se halló el resto de Rodríguez, la segunda identificación plena), y se iniciaron procesos clave contra dos funcionarios: El jefe de la Policía Ministerial Federal por tortura.

También se dio la detención de una detective por falsificación de documentos y ocultar información en un caso de desaparición forzada.

Entre los prófugos sigue el entonces responsable de la oficina de investigación de la Fiscalía, Tomás Zerón, presunto artífice de la “verdad histórica”.

Asimismo, decenas del centenar de detenidos por el caso, incluidos sospechosos clave, fueron liberados debido a la irregularidad en el proceso, lo que indignó a las familias.

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