Dos ciudadanos mexicanos, identificados como Jesús Iván Rodríguez Leyva (37 años) y Julio César Zúñiga Luna (31 años), se declararon culpables ante una corte federal en San Diego por su participación en el tráfico de migrantes hacia Estados Unidos, un caso que terminó en tragedia con la muerte de cuatro personas durante un naufragio ocurrido en mayo de 2025.

De acuerdo con documentos del Departamento de Justicia de Estados Unidos, la embarcación salió la noche del 4 de mayo de 2025 desde la playa de Popotla, en Baja California, con 19 migrantes a bordo, en una operación coordinada para cruzar de manera irregular hacia territorio estadounidense.

Las autoridades señalaron que la lancha era operada en condiciones de riesgo: iba sobrecargada y sin equipo de seguridad suficiente. A escasos 200 metros de la costa de California, el motor falló, provocando que la embarcación volcara y todos los ocupantes cayeran al mar.

Testimonios de sobrevivientes citados en la investigación indican que los organizadores habrían ordenado a los migrantes quitarse los chalecos salvavidas antes de acercarse a tierra, con la intención de facilitar una huida rápida tras el desembarco.

Tras el accidente, se desplegó un operativo de rescate en la zona de San Diego que permitió la detención de los implicados y el inicio de las investigaciones. Las víctimas mortales fueron identificadas como Gorgonio Plácido Díaz, Marcos Lozada Juárez, un adolescente de 14 años, y un menor de 10 años, de quien solo se recuperaron restos en la playa estatal de Torrey Pines; su identidad fue confirmada posteriormente mediante pruebas de ADN.

Según las autoridades estadounidenses, cada migrante habría pagado alrededor de 13 mil 500 dólares por el traslado desde México, sin que ello garantizara condiciones mínimas de seguridad durante la travesía.

En su declaración de culpabilidad, ambos acusados aceptaron su participación en una red de contrabando que operaba desde México y que coordinaba tanto el traslado marítimo como el terrestre posterior en Estados Unidos. También reconocieron haber conspirado con otras personas para facilitar el ingreso irregular de migrantes con fines de lucro.

La legislación federal estadounidense contempla para estos delitos penas que pueden ir desde prisión obligatoria hasta cadena perpetua o incluso pena capital en casos con resultado de muerte, además de multas de hasta 250 mil dólares.

De manera paralela, otras tres personas fueron procesadas por su participación en la logística terrestre tras el desembarco y también se declararon culpables en procedimientos separados.

El caso vuelve a poner en evidencia los riesgos asociados al tráfico marítimo de migrantes en la frontera entre México y Estados Unidos, particularmente en rutas que operan en condiciones precarias y bajo redes criminales que lucran con los cruces irregulares.

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