Organizaciones civiles han encendido las alertas por la situación de niñas migrantes embarazadas en Estados Unidos, luego de que el gobierno encabezado por Donald Trump concentrara a menores no acompañadas en un solo albergue ubicado en San Benito, Texas.

La medida, aplicada desde julio de 2025 por la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, ha generado críticas debido al contexto legal restrictivo del estado, particularmente en materia de acceso al aborto. Activistas advierten que esta política coloca a las menores en condiciones de alta vulnerabilidad.

Legislación restrictiva agrava la situación

De acuerdo con organizaciones defensoras de derechos humanos, Texas cuenta con una de las leyes más severas en materia de aborto, sin contemplar excepciones en casos de violación o incesto. Esto implica que las menores podrían enfrentar obstáculos para acceder a servicios de salud reproductiva.

Diversas ONG han señalado que médicos podrían negarse a practicar abortos ante posibles consecuencias legales, lo que limita aún más las opciones para las adolescentes. Además, reportes indican que más de una decena de menores embarazadas, algunas de apenas 13 años, han sido enviadas a este centro.

Se estima que al menos la mitad de los embarazos son producto de violaciones, lo que ha incrementado la preocupación de activistas y especialistas en derechos humanos.

Denuncian obstáculos para acceder a servicios médicos

El caso ha sido señalado por la Unión Americana de Libertades Civiles, que sostiene que si una menor decide interrumpir su embarazo, las autoridades deben facilitar su traslado a estados donde el procedimiento sea legal. Sin embargo, denuncian que la concentración de adolescentes en Texas complica ese acceso.

Especialistas también han advertido que la región donde se ubica el albergue presenta limitaciones en atención obstétrica especializada, lo que podría impactar negativamente en la salud de las menores.

Aunque el Departamento de Salud de Estados Unidos ha negado que los traslados busquen impedir abortos, críticos insisten en que la medida, en la práctica, restringe el acceso a este derecho.

El marco legal federal establece que deben realizarse “esfuerzos razonables” para garantizar el acceso a servicios de aborto cuando sean legales, incluyendo traslados a otras entidades. No obstante, organizaciones sostienen que la política actual contradice este principio y expone a las adolescentes a condiciones adversas.

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