Un reportaje de Grupo Milenio documenta un incremento sostenido en las muertes de personas migrantes bajo custodia en Estados Unidos, señalando que la actual administración de Donald Trump ha registrado cifras superiores incluso a las del periodo más crítico de la pandemia de COVID-19.

De acuerdo con la investigación, firmada por Témoris Grecko, 2025 cerró con 31 fallecimientos en centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), lo que representa el nivel más alto en años recientes. La cifra contrasta con 2020, cuando, en plena emergencia sanitaria, se registraron 18 muertes, prácticamente la mitad.

El análisis apunta a una tendencia en ascenso. En los primeros meses de 2026, ya se contabilizan 14 decesos, lo que anticipa un posible incremento al cierre del año si el ritmo actual se mantiene. En términos acumulados, entre 2025 y el primer trimestre de 2026 suman 45 muertes, volumen que se aproxima al total registrado durante el primer mandato de Trump y que resulta casi el doble de las 26 defunciones reportadas en los cuatro años de la administración de Joe Biden.

El reportaje también subraya el impacto para México: 14 de las personas fallecidas eran de nacionalidad mexicana, lo que ha derivado en una respuesta del gobierno federal. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que se preparan acciones diplomáticas y legales, mientras la Secretaría de Relaciones Exteriores diseña mecanismos de atención y seguimiento.

En paralelo, el texto sitúa estas cifras en un contexto de endurecimiento de la política migratoria. El Congreso de Estados Unidos aprobó un presupuesto de 70 mil millones de dólares destinado a fortalecer el sistema de detención, ampliar instalaciones y aumentar el número de agentes. Este crecimiento estructural, según se sugiere en el reportaje, podría estar relacionado con el aumento tanto en el número de detenciones como en los riesgos asociados a las condiciones de reclusión.

En conjunto, la información plantea que el incremento en muertes no es un fenómeno aislado, sino el resultado de una política migratoria más restrictiva, donde la presión sobre el sistema ha generado un entorno más vulnerable para las personas detenidas.

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