Un tribunal federal de apelaciones en la capital estadounidense rechazó este lunes la solicitud de organizaciones civiles para frenar temporalmente el intercambio de datos entre el Servicio Interno de Impuestos (IRS) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). El panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones para el Circuito del Distrito de Columbia dictaminó que es poco probable que la demanda de grupos como el Centro de Trabajadores Unidos prospere, permitiendo que la administración de Donald Trump continúe utilizando registros fiscales para localizar y deportar a personas sin autorización legal en el país.

El acuerdo, firmado en abril pasado por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ha sido una de las herramientas más controvertidas de la actual ofensiva migratoria. El juez Harry T. Edwards argumentó que la información intercambiada no se encuentra bajo el amparo de la ley de privacidad del IRS, validando así la postura del gobierno federal. La secretaria de Justicia, Pam Bondi, calificó la decisión como una «victoria crucial», reafirmando que estas medidas forman parte de la agenda de seguridad nacional para proteger las fronteras mediante redadas y deportaciones masivas.

La implementación de este acuerdo no ha estado exenta de incidentes críticos. Documentos judiciales revelaron recientemente que el IRS compartió por error información de miles de contribuyentes con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Según Dottie Romo, jefa de Riesgo y Control del IRS, la agencia solo logró cotejar 47,000 nombres de una lista de 1.28 millones solicitada por ICE; sin embargo, en cerca del 5% de esos casos, se entregaron direcciones adicionales que podrían haber violado las normas de privacidad establecidas. Esta falta de precisión técnica fue uno de los factores que provocó la renuncia del comisionado interino del IRS el año pasado.

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