La Corte Suprema de los Estados Unidos concluyó este miércoles los argumentos orales del caso Trump v. Barbara, en el que se analiza la legalidad de una orden ejecutiva impulsada por el presidente Donald Trump para eliminar la ciudadanía automática a hijos de inmigrantes indocumentados o con estatus temporal.

Durante la sesión —a la que asistió el propio mandatario— una mayoría de magistrados expresó serias dudas sobre la constitucionalidad de la medida, cuyo eje central gira en torno a la interpretación de la Cláusula de Ciudadanía de la 14ª Enmienda.

La orden ejecutiva, firmada el primer día del mandato de Trump, propone que los padres deban demostrar su estatus legal para que sus hijos obtengan la ciudadanía estadounidense, modificando así el principio histórico del derecho de nacimiento.

Magistrados cuestionan argumentos del Gobierno

El juez presidente John Roberts calificó como “muy peculiares” los argumentos del equipo legal del Gobierno, al considerar que se basan en ejemplos aislados —como hijos de diplomáticos— para justificar una medida que afectaría a millones de personas.

Por su parte, el juez Neil Gorsuch señaló que la administración se apoya en referencias jurídicas antiguas, mientras que la jueza Elena Kagan criticó el uso de fuentes “rebuscadas” para sustentar la propuesta.

En contraste, el juez Samuel Alito planteó que la inmigración irregular prácticamente no existía cuando se redactó la 14ª Enmienda, lo que abrió un debate histórico sobre su alcance actual.

Impacto migratorio y decisión pendiente

El abogado de Trump, John Sauer, argumentó que interpretaciones históricas excluían a hijos de visitantes temporales del derecho automático a la ciudadanía. Sin embargo, Kagan respondió que la teoría legal se centra más en residentes temporales que en migrantes indocumentados.

La presencia de Trump marcó un hecho inusual, convirtiéndolo en el primer presidente en funciones en asistir personalmente a argumentos orales del tribunal.

Se espera que la decisión final sea anunciada antes de junio. De aprobarse la orden, especialistas estiman que hasta 200 mil recién nacidos al año podrían quedar sin nacionalidad, lo que representaría un desafío legal y migratorio para Estados Unidos.

También te puede interesar:

1. Juan Ramón de la Fuente dejará la SRE por motivos de salud