Organizaciones civiles y redes de refugios en la frontera norte de México denunciaron presuntas deportaciones en condiciones inhumanas por parte del gobierno de Estados Unidos, al señalar prácticas que, aseguran, vulneran derechos fundamentales de las personas migrantes.

De acuerdo con testimonios recabados recientemente, los operativos de repatriación incluirían traslados nocturnos a zonas consideradas de alto riesgo, así como detenciones sin acceso suficiente a servicios básicos. Las denuncias se enmarcan en un contexto de endurecimiento de la política migratoria durante 2026.

Entre los principales señalamientos, activistas documentaron casos de separación de núcleos familiares, donde padres son deportados mientras sus hijos permanecen bajo custodia en centros migratorios. Esta situación, advierten, genera afectaciones emocionales y escenarios de desamparo.

Asimismo, migrantes reportaron haber sido trasladados en vehículos sobrepoblados, con acceso limitado a agua y alimentos, e incluso esposados durante largos periodos. Otro punto crítico es la liberación de personas en horarios nocturnos en puntos fronterizos con altos índices de violencia, lo que incrementa su vulnerabilidad ante el crimen organizado.

Las organizaciones también cuestionan la actuación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), al considerar que algunos procedimientos no garantizan el debido proceso, como el acceso a solicitar asilo o comunicarse con consulados antes de la deportación.

En territorio mexicano, los albergues reportan una saturación de hasta 150 % de su capacidad, lo que dificulta la atención a las personas retornadas, muchas de las cuales carecen de recursos para regresar a sus lugares de origen.

Ante este panorama, las ONG anunciaron que llevarán el caso ante instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de las Naciones Unidas, con el objetivo de solicitar una revisión de los métodos de detención y expulsión.

Las denuncias surgen en medio de nuevas directrices migratorias impulsadas por la administración del presidente Donald Trump, orientadas a acelerar la deportación de personas en situación irregular. Por su parte, autoridades estadounidenses han defendido sus procedimientos, asegurando que se realizan bajo la normativa vigente y con criterios de seguridad. El caso reabre el debate sobre el equilibrio entre control migratorio y respeto a los derechos humanos en la región.

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