Demandan a EU por suspender visas a ciudadanos de 75 países
02/02/2026 - Hace 4 meses en InternacionalDemandan a EU por suspender visas a ciudadanos de 75 países
Organizaciones de derechos civiles demandaron al Departamento de Estado de Estados Unidos por suspender el procesamiento de visados de migrantes para ciudadanos de 75 países, alegando un retroceso legal histórico. La demanda fue presentada en un tribunal federal de Manhattan y solicita bloquear la política, vigente desde el 21 de enero, por considerarla contraria a décadas de legislación migratoria.
Según el documento, la medida se basa en una afirmación “sin fundamento y demostrablemente falsa” sobre que los migrantes buscan aprovecharse de ayudas sociales estadounidenses. Los demandantes sostienen que la política presupone que los solicitantes se convertirán en “cargas públicas”, sin evidencia que respalde esa generalización aplicada a decenas de nacionalidades.
Argumentos legales y afectados
La acción legal fue interpuesta por el Centro Nacional de Leyes de Migración y otras organizaciones, en representación de ciudadanos estadounidenses separados de sus familias. Entre los afectados figura un endocrinólogo colombiano con visado laboral aprobado, que no puede recibirlo porque Colombia está incluida en la suspensión.
La pausa impacta a solicitantes de Brasil, Colombia y Uruguay, así como de Bosnia, Albania, Pakistán, Bangladesh, países africanos, Medio Oriente y el Caribe. El Departamento de Estado no respondió de inmediato a solicitudes de comentarios sobre la demanda ni sobre posibles ajustes a la política.
Cabe mencionar que la suspensión no afecta a visados de visitante, relevantes por el Mundial de futbol y los Juegos Olímpicos de 2028 en Estados Unidos.
Revisión y postura oficial
Un cable interno del Departamento de Estado indica una “revisión completa” de políticas para garantizar el “más alto nivel de selección y control”. El documento sostiene que solicitantes de los 75 países presentan alto riesgo de recurrir a recursos públicos federales, estatales y locales.
Las organizaciones demandantes afirman que esa evaluación carece de sustento empírico y estigmatiza a comunidades enteras por su nacionalidad. El caso podría sentar un precedente clave sobre discrecionalidad gubernamental y límites legales en la política migratoria estadounidense actual.
