La capital estadounidense se encuentra sumida en un estancamiento político sin precedentes que ha llevado al cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). La bancada demócrata en el Congreso ha condicionado la aprobación del presupuesto federal a un cese inmediato de las deportaciones de beneficiarios del programa DACA, cuya protección ha sido desmantelada por la administración de Donald Trump.

Encabezados por legisladores demócratas, familiares de jóvenes indocumentados —conocidos como «Dreamers»— alzaron la voz en los pasillos del Congreso para denunciar el alcance de lo que denominan la «maquinaria de deportación» de la Casa Blanca. Los testimonios exponen una realidad de familias fragmentadas y una persecución que, según los críticos, no distingue entre criminales y jóvenes integrados a la economía y sociedad estadounidense.

El cierre del DHS no solo es una disputa de papel; sus efectos ya se sienten en la vida cotidiana de los ciudadanos. Debido a la falta de fondos, miles de trabajadores federales —incluyendo agentes de la TSA y personal de aduanas— han dejado de percibir su salario, lo que ha derivado en un ausentismo masivo.

Retrasos en viajes: Las terminales aéreas del país reportan filas kilométricas y cancelaciones por falta de personal de seguridad.

Seguridad Nacional: El cierre afecta las operaciones de vigilancia fronteriza y logística interna en este marzo de 2026.

Pese a la presión, la administración Trump mantiene su firmeza en la ejecución de las órdenes de expulsión, vinculando el financiamiento del DHS a la continuidad de sus políticas de seguridad fronteriza. Mientras tanto, el país observa cómo la parálisis administrativa se convierte en la moneda de cambio para definir el futuro de miles de jóvenes protegidos por el otrora programa DACA.

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