Abogados de migrantes detenidos en el centro conocido como “Alligator Alcatraz”, en Florida, denunciaron presuntos actos de violencia, golpizas y restricciones al acceso legal dentro de las instalaciones, donde aseguran que se habría incumplido una orden judicial federal que garantiza la comunicación con defensores legales.

Las acusaciones señalan que los guardias del centro habrían aplicado represalias contra internos luego de protestas por la falta de llamadas telefónicas, además de impedir el acceso efectivo a servicios legales. De acuerdo con los abogados, estas acciones contravendrían una orden emitida por una jueza federal que obliga a garantizar el contacto confidencial con representantes legales.

Denuncias por presuntos abusos dentro del centro

Entre los señalamientos, se indica que el 2 de abril se habría registrado un incidente en el que varios migrantes fueron presuntamente golpeados por guardias, además de ser rociados con gas pimienta tras manifestarse por la falta de comunicación. Estas acciones, de acuerdo con la denuncia, habrían ocurrido en el contexto de protestas internas por las condiciones del centro.

Uno de los casos más mencionados es el del detenido Raiko López Morffi, quien habría sido pateado en la cabeza, inmovilizado durante la agresión y posteriormente aislado, sin recibir atención médica inmediata, según la documentación presentada por los abogados. Fotografías posteriores mostrarían lesiones visibles, de acuerdo con los reportes legales.

Restricciones al acceso legal y situación judicial

Los defensores legales también denunciaron que las líneas telefónicas del centro habrían sido desconectadas sin previo aviso, lo que impidió a varios internos comunicarse con sus abogados. Además, señalan que se habría negado el uso de instalaciones para realizar llamadas legales, lo que agrava la situación de acceso a defensa.

El centro está obligado, por orden judicial federal, a garantizar llamadas confidenciales y visitas sin restricciones indebidas, sin embargo, los abogados afirman que dicha disposición estaría siendo incumplida o impugnada por autoridades estatales.

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