El Concejo de la Denver aprobó una ordenanza que prohíbe a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) cubrirse el rostro durante operativos realizados dentro de la ciudad y les exige portar una credencial de identificación visible.

La medida surge tras una ola de críticas por operativos migratorios que, según autoridades locales y residentes, han generado temor en comunidades migrantes. El objetivo de la normativa es aumentar la transparencia y la confianza pública, de acuerdo con los impulsores de la iniciativa.

La disposición entrará en vigor una vez que sea firmada por el alcalde Mike Johnston, y contempla sanciones en caso de incumplimiento, que podrían derivar en citaciones o arrestos por parte de la policía local.

Argumentos del Concejo

La concejal Shontel Lewis señaló que residentes han expresado preocupación por la falta de claridad durante los operativos. Según explicó, vecinos han manifestado que sienten miedo al no saber quién les solicita información.

En la misma línea, la concejal Flor Alvidrez afirmó haber recibido quejas sobre la presencia de agentes armados que, presuntamente, tocaban puertas sin mostrar identificación visible.

Alcances y límites de la norma

Aunque la ordenanza busca reforzar la supervisión local, su efectividad enfrenta cuestionamientos. El texto contempla excepciones para operaciones encubiertas o situaciones en las que se empleen equipos tácticos especiales, lo que permitiría a los agentes federales cubrir su identidad en determinados casos.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), del que depende ICE, rechazó la medida y la calificó como “inconstitucional”. En un comunicado, argumentó que el uso de pasamontañas es necesario para proteger la seguridad personal de los agentes y evitar represalias.

Contexto de tensión migratoria

La ordenanza se suma a una acción ejecutiva firmada previamente por Johnston, que limita las operaciones de ICE en propiedades municipales y exige orden judicial válida para intervenir en ciertos espacios. También establece restricciones al uso de fuerza excesiva y contempla supervisión en áreas consideradas sensibles, como escuelas e iglesias.

El debate ocurre en un contexto de tensión en Denver, donde aproximadamente 9% de la población —unas 264,000 personas, según datos de FWD.us— es migrante o indocumentada. No existe, sin embargo, un conteo oficial único sobre esta población.

En semanas recientes se han reportado operativos en ciudades cercanas como Lakewood y Aurora, algunos vinculados a investigaciones sobre presuntos integrantes del grupo criminal Tren de Aragua. Estos hechos han intensificado el debate entre autoridades locales, defensores civiles y el gobierno federal.

Además, el Distrito Escolar de Denver presentó una demanda contra la política federal que permite operativos de ICE en escuelas, lo que ha ampliado el conflicto institucional en torno a la aplicación de las leyes migratorias.

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