Bajo el lema «Make America Great Again» —un eslogan rescatado de la campaña de Ronald Reagan en 1980—, la actual administración de Donald Trump ha consolidado en este 16 de febrero de 2026 una estrategia migratoria que evoca los episodios más oscuros del siglo XX estadounidense. La retórica de «recuperar un pasado próspero» se enfrenta hoy a la memoria histórica de eventos como la redada de la Placita Olvera en 1931, donde el estigma del desempleo tras la Gran Depresión justificó la expulsión de un millón de personas, de las cuales el 60% eran ciudadanos estadounidenses por nacimiento.

El actual modelo de control combina las tácticas de vigilancia urbana de los años 30 con el despliegue militarizado de la «Operación Wetback» de 1954, dirigida por el entonces presidente Dwight Eisenhower. Lo que en su momento fue una estrategia para regularizar la mano de obra del Programa Braceros, hoy se ha transformado en una movilización federal sin precedentes. La gran diferencia en 2026 radica en el respaldo institucional de la Corte Suprema, que a través de la denominada «Orden de Detención Kavanaugh» ha facultado a los agentes para realizar arrestos basados en perfiles raciales y lingüísticos.

En septiembre de 2025, el magistrado Brett Kavanaugh fundamentó la decisión del máximo tribunal de suspender las restricciones que impedían detener a individuos bajo sospecha por su apariencia física, uso del idioma español o el tipo de empleo desempeñado. Según el criterio de la Corte, estos elementos constituyen «factores de sentido común» para presumir una estancia irregular. Esta validación legal ha intensificado las redadas en ciudades santuario, replicando el temor generado hace casi un siglo, pero con un marco normativo que erosiona las protecciones constitucionales contra la discriminación racial en el territorio estadounidense.

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