El caso de Zharik Daniela Buitrago Ortiz, una joven de 21 años, ha puesto bajo escrutinio los protocolos de deportación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). A pesar de cursar el octavo mes de un embarazo con complicaciones médicas y de contar con una orden judicial de último minuto para frenar su expulsión, Buitrago fue trasladada vía aérea desde Louisiana hasta Colombia el pasado miércoles.

La emergencia médica y el vacío legal

Buitrago Ortiz ingresó a EE. UU. en noviembre de 2024 huyendo de la violencia tras el asesinato de su padre. Su defensa, liderada por el Centro de Derechos Humanos Robert & Ethel Kennedy, presentó una petición de habeas corpus alegando:

Riesgo Vital: Dolores agudos y falta de atención médica bajo custodia.

Peligro de Vuelo: La imposibilidad de ser trasladada por aire sin arriesgar la vida del hijo por nacer.

Aunque la jueza federal Sarah E. Geraghty aprobó una moción para detener la deportación hasta el 30 de enero, la orden se emitió cuando el avión ya había abandonado territorio estadounidense.

La postura del Gobierno: Acusaciones de criminalidad El DHS, a través de la subsecretaria Tricia McLaughlin, defendió la medida con argumentos de seguridad nacional:

Antecedentes: Sostienen que Buitrago ya había reingresado ilegalmente tras una deportación previa.

Vínculos criminales: La calificaron como «presunta miembro de la banda Tren de Aragua«, aunque su abogado asegura que no han presentado prueba alguna.

Salud bajo control: El DHS afirma que no existen registros de problemas médicos y que la joven «abordó con éxito» su vuelo de expulsión tras exámenes de rutina.

Tras escalas en Atlanta y un vuelo comercial hacia Bogotá, la joven se encuentra ya en su país de origen. Su abogado confirmó que ha sido ingresada para recibir atención médica urgente, priorizando la seguridad del bebé ante el estrés y los síntomas físicos presentados durante el traslado forzoso.

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