Al menos 15 migrantes latinoamericanos fueron deportados la semana pasada por Estados Unidos hacia la República Democrática del Congo, como parte de un acuerdo migratorio impulsado durante la administración de Donald Trump. La medida ha generado cuestionamientos por parte de organizaciones defensoras de derechos humanos.

De acuerdo con el Instituto de Investigación en Derechos Humanos, un primer grupo de aproximadamente 45 solicitantes de asilo arribó a la ciudad de Kinshasa en un vuelo procedente del estado de Louisiana, operado por la aerolínea Omni Air International. Sin embargo, autoridades congoleñas confirmaron la presencia de 15 ciudadanos latinoamericanos, lo que marca el inicio operativo de un mecanismo bilateral de acogida.

El gobierno encabezado por Félix Tshisekedi subrayó que este esquema es “temporal, transitorio y limitado”, y negó que implique un reasentamiento permanente de los migrantes en su territorio.

Según reportes del IRDH, los deportados fueron trasladados a un complejo cercano al aeropuerto internacional de N’djili, donde permanecen bajo vigilancia de la Policía Nacional Congoleña, en espera del desarrollo de sus procesos migratorios.

Nacionalidades y situación migratoria

Entre los migrantes se encuentran ciudadanos de Perú, Ecuador y Colombia. Autoridades peruanas confirmaron que al menos siete de sus ciudadanos forman parte del grupo, mientras que Ecuador reportó tres personas en situación migratoria regular dentro de la RDC.

De manera general, las cancillerías han señalado que los migrantes permanecen en condiciones consideradas adecuadas, alojados en instalaciones temporales, y bajo monitoreo de las autoridades locales. En algunos casos, los gobiernos han indicado que los connacionales podrán optar por retorno voluntario asistido, dependiendo de su decisión.

Las autoridades también explicaron que estos traslados se dan en el marco de mecanismos de protección internacional, aplicados cuando los solicitantes argumentan que su vida corre peligro si regresan a sus países de origen, y cuentan con resoluciones de cortes migratorias en EE.UU.

Política de “terceros países” y críticas

El envío de migrantes a la RDC forma parte de una política más amplia conocida como “terceros países”, mediante la cual Estados Unidos busca trasladar a otras naciones la recepción de personas que no pueden ser deportadas directamente a sus países de origen.

Desde Washington, el Departamento de Seguridad Nacional ha defendido la estrategia, señalando —en términos generales— que se trata de una herramienta legal dentro de su política migratoria para ejecutar deportaciones a gran escala.

No obstante, organizaciones como el IRDH han advertido que este tipo de acuerdos podría representar una “externalización de responsabilidades” en materia de protección internacional, especialmente al involucrar países con contextos de conflicto armado y limitada capacidad institucional.

La República Democrática del Congo enfrenta desde 1998 un conflicto interno con la presencia de múltiples grupos armados, lo que ha generado preocupación sobre su capacidad para garantizar condiciones adecuadas de protección a los migrantes.

Con este acuerdo, la RDC se suma a otros países como Eswatini y Guinea Ecuatorial que han aceptado recibir deportados desde Estados Unidos, en una estrategia que continúa generando debate a nivel internacional.

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