En un intento por mitigar las crecientes preocupaciones sobre la posible intimidación de votantes, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó este miércoles a los secretarios de Estado del país que los agentes federales de inmigración no serán desplegados en los centros de votación durante las elecciones intermedias de noviembre. La declaración fue realizada por Heather Honey, funcionaria designada por la administración de Donald Trump, durante una llamada de seguridad electoral coordinada por el Departamento de Justicia, el FBI y la Comisión de Asistencia Electoral.

A pesar del compromiso, el escepticismo prevaleció entre los funcionarios estatales. La desconfianza surge tras los recientes operativos de control migratorio en ciudades como Minneapolis, que activaron las alarmas sobre el uso del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) con fines de disuasión electoral. Aunque el DHS emitió un comunicado aclarando que las acciones de ICE son «selectivas y basadas en inteligencia», el silencio federal ante la petición de reconocer la soberanía estatal sobre la administración de los comicios aumentó la fricción. Trump ha reiterado en las últimas semanas su propuesta de «nacionalizar la votación», una postura que los demócratas califican como una transgresión al control local tradicional.

Otro punto de conflicto durante la sesión fue la insistencia de Honey en el uso del sistema SAVE para auditar los padrones electorales. El Gobierno federal urge a los estados a utilizar esta base de datos migratoria para identificar a no ciudadanos en sus registros; sin embargo, secretarios de Estado como Shenna Bellows (Maine) advirtieron que el sistema es propenso a falsos positivos, lo que podría resultar en la eliminación injusta de ciudadanos inmigrantes legalmente facultados para votar. La llamada, que suele ser una reunión técnica rutinaria, evidenció este año una profunda brecha política entre los designados de la administración Trump y los encargados de la logística electoral en los estados.

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