El gobierno del presidente Donald Trump ha ejecutado un movimiento administrativo que, en la práctica, desmantela el Programa de Reconocimiento y Acreditación (R&A) del Departamento de Justicia. Esta iniciativa, con más de 60 años de operación, es la piedra angular para que inmigrantes de bajos recursos e indigentes accedan a representación legal competente y asequible en sus procesos de regularización.

Según revelaron fuentes, la semana pasada se ordenó la transferencia de los abogados asignados a este programa hacia los tribunales de Inmigración. Esta decisión ha dejado a la oficina con apenas dos personas de apoyo que carecen de la autoridad legal para otorgar nuevas acreditaciones, lo que paraliza de facto la entrada de nuevos defensores al sistema.

Afectación Directa: El programa supervisa a unos 2,600 defensores de organizaciones comunitarias y religiosas como Catholic Charities y Jewish Family Services.

La Función: Permite que trabajadores no abogados, pero debidamente capacitados, asistan a extranjeros en trámites ante el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y cortes migratorias.

La Postura del Gobierno

A pesar de la parálisis administrativa denunciada, un funcionario de la administración Trump negó que el programa vaya a ser abolido formalmente, argumentando que su existencia está protegida por vía reglamentaria. Sin embargo, analistas legales señalan que el traslado del personal calificado es una estrategia de «desmantelamiento silencioso» que busca restringir el avance de los inmigrantes dentro del sistema legal.

Un Muro en los Tribunales

Esta medida se suma a otras políticas adoptadas en este marzo de 2026 que endurecen los procesos de asilo y deportación. Al debilitar el R&A, aumenta el riesgo de que los migrantes caigan en redes de fraude por «notarios» sin licencia, uno de los problemas que el programa buscaba erradicar originalmente para garantizar una administración de justicia eficiente.

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