El gobierno de Donald Trump ha modificado su estrategia antimigrante en medio de crecientes críticas por redadas masivas y detenciones que alcanzan alrededor de mil personas diarias. Aunque estas acciones continúan, ahora se combinan con medidas menos visibles destinadas a limitar el acceso de inmigrantes indocumentados a empleo, vivienda, educación y servicios de salud.

Datos recientes entregados al Congreso indican que 36 mil inmigrantes fueron deportados mensualmente durante 2025, mientras que 60 mil personas permanecieron en detención en los primeros meses del año, un aumento significativo frente a 2024.

Sin embargo, el gobierno sostiene que cumple su meta de expulsar a más de un millón de migrantes al año, argumentando que muchos se han “autodeportado”, una cifra que no puede verificarse por la falta de estadísticas oficiales actualizadas.

Presión institucional y cambios en el sistema judicial

El arquitecto de la política migratoria, Stephen Miller, impulsa medidas para acelerar deportaciones, incluyendo presión directa sobre jueces migratorios. Más de 100 jueces han sido despedidos por no cumplir con el ritmo exigido. “Todos estamos mirando por encima del hombro”, afirmó la jueza Holly D’Andrea a The New York Times.

En este contexto, se ha cuestionado la independencia del sistema, ya que los jueces de inmigración dependen del Departamento de Justicia. Miller ha sostenido que el gobierno no está obligado a ofrecer audiencias judiciales a “ilegales”.

Estrategia silenciosa y restricciones cotidianas

“La próxima fase de la represión a la inmigración es más silenciosa y más desestabilizadora”, reportó The New York Times. La nueva táctica busca impactar la vida diaria de los migrantes mediante restricciones administrativas.

Entre ellas, destaca una propuesta para negar vivienda pública a familias con integrantes indocumentados, lo que podría afectar a 80 mil personas. También se han impulsado medidas como retirar licencias de conducir a camioneros sin estatus legal y limitar el acceso a préstamos federales.

Además, se evalúan iniciativas para restringir el acceso a educación pública a estudiantes indocumentados, lo que podría impactar a 100 mil jóvenes solo en Texas.

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