EU elimina programa que brindaba representación legal a migrantes de bajos ingresos
25/03/2026 - Hace 2 meses en InternacionalEU elimina programa que brindaba representación legal a migrantes de bajos ingresos
El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) desmanteló discretamente su programa de asistencia legal para inmigrantes de bajos ingresos, una iniciativa que operó durante más de seis décadas y que ayudaba a miles de personas a acceder a representación jurídica en trámites migratorios.
De acuerdo con fuentes citadas por CBS News, el programa de Reconocimiento y Acreditación (R&A) permitía que organizaciones sin fines de lucro acreditaran representantes para apoyar a inmigrantes en procesos como solicitudes de naturalización, residencia o procedimientos ante tribunales migratorios.
El sistema suplía en gran medida la ausencia de defensores públicos en el sistema judicial de inmigración y contaba con más de 2,600 representantes en más de 900 programas en todo Estados Unidos, muchos vinculados a organizaciones religiosas como Catholic Charities y Jewish Family Services.
Reasignación de personal y alerta entre expertos
Según las fuentes, los abogados senior encargados del programa fueron reasignados recientemente a tribunales migratorios, dejando únicamente a dos empleados administrativos sin autoridad para aprobar o renovar acreditaciones. La decisión fue tomada por Jamee Comans, subdirectora interina de la Oficina de Políticas de la EOIR.
Especialistas advirtieron que la medida podría complicar aún más el acceso a representación legal. Anna Gallagher, directora ejecutiva de Catholic Legal Immigration Network, afirmó que el programa “salva vidas” y advirtió: “Cualquier intento de ralentizar el programa entorpecerá un sistema ya sobrecargado y colapsado”.
Impacto en inmigrantes y críticas de organizaciones
El R&A surgió en la década de 1950 impulsado por organizaciones religiosas que buscaban ayudar a migrantes a navegar un sistema legal complejo. Peggy Gleason, del Immigrant Legal Resource Center, calificó la decisión como “un ataque a la libertad religiosa”.
Organizaciones defensoras del debido proceso pidieron restituir el programa. Shayna Kessler, del Instituto Vera de Justicia, señaló que “necesitamos inversiones en el debido proceso”, mientras Nicole Melaku advirtió que la medida tendrá “consecuencias devastadoras para familias, organizaciones y la economía”.
