Desde hace dos meses, Ana, Carlos y su hijo Luis, una familia mexicana que reside en Mineápolis desde hace más de una década, han optado por permanecer encerrados en su propia casa ante el incremento de redadas migratorias impulsadas por la administración del presidente Donald Trump. La vivienda permanece con cortinas cerradas y la puerta principal reforzada con una barra metálica, como medida preventiva ante posibles operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La familia llegó a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades, pero hoy vive bajo una dinámica marcada por el miedo constante a la detención y deportación, a pesar de no contar con antecedentes penales. Ana, de 47 años, relató a la Agence France-Presse (AFP) que la situación ha transformado su hogar en un espacio de encierro forzado, donde la rutina diaria gira en torno a evitar cualquier contacto con el exterior.

Ana es madre de cuatro hijos. Tres de ellos son ciudadanos estadounidenses, mientras que Luis, de 15 años, nació en México y permanece confinado junto a ella. Aunque sus otros hijos cuentan con ciudadanía, la familia considera que eso no garantiza protección frente a las redadas. Ana señaló que el temor se ha extendido incluso a ellos, pues perciben que los operativos se realizan sin distinción clara y, en muchos casos, basados en el perfil racial.

Como medida de seguridad, los hijos deben avisar con anticipación antes de regresar a casa. Luis cursa la escuela en línea y pasa gran parte del tiempo jugando videojuegos, una forma de distracción frente al estrés constante. El menor reconoce que esta actividad le permite evadir, aunque sea momentáneamente, la preocupación diaria.

Permiso de trabajo sin garantía de permanencia

Carlos, de 43 años, se desempeña en la instalación de encimeras de granito. Durante casi tres años, la familia ha invertido más de 11 mil dólares en abogados para regularizar su situación migratoria. Aunque cuentan con permiso de trabajo, este no los protege de un posible arresto o deportación, una contradicción que Carlos cuestiona abiertamente.

Desde diciembre, la familia no ha tenido ingresos. Para cubrir el alquiler mensual de 2,200 dólares, han tenido que recurrir a préstamos, lo que agrava la presión económica y emocional.

Mineápolis se ha convertido en uno de los focos de mayor tensión social frente a las políticas migratorias actuales, particularmente tras la muerte a tiros de dos manifestantes en un operativo vinculado al ICE. La ciudad figura entre las urbes gobernadas por demócratas donde el gobierno federal ha ordenado intensificar las redadas, junto con Los Ángeles y Chicago, bajo el argumento de combatir el crimen.

No obstante, datos oficiales citados por AFP contradicen esa narrativa. En un operativo reciente en Los Ángeles, más de la mitad de los detenidos no tenía antecedentes penales, lo que ha reforzado las críticas de organizaciones civiles y defensores de derechos humanos.

Carlos señala que, durante el primer mandato de Trump (2017-2021), las acciones migratorias parecían más focalizadas. En la actualidad, afirma, el riesgo se percibe como generalizado, especialmente mientras continúa la Operación Metro Surge en Mineápolis.

La presión alcanza también al periodismo

El clima de tensión migratoria ha tenido repercusiones más allá de las comunidades afectadas. El periodista Don Lemon, exconductor de CNN y actualmente independiente, fue arrestado por agentes federales tras ingresar a una iglesia en St. Paul, Minnesota, donde documentaba una protesta contra las políticas migratorias.

Posteriormente, Lemon fue detenido nuevamente en Los Ángeles, mientras cubría actividades previas a los Premios Grammy, y compareció ante un tribunal federal, del cual salió en libertad. El comunicador afirmó que su detención se debió exclusivamente al ejercicio de su labor periodística.

Su abogado, Abbe Lowell, calificó el caso como un ataque sin precedentes a la Primera Enmienda, que protege la libertad de prensa en Estados Unidos. La fiscal general Pam Bondi confirmó que al menos otros tres periodistas fueron arrestados, bajo el señalamiento de participar en un supuesto “ataque coordinado”, aunque los cargos no han sido detallados públicamente.

Ante la incertidumbre, Ana contempla la posibilidad de regresar a México, aunque reconoce que los proyectos y aspiraciones de sus hijos la mantienen aún en Estados Unidos. La historia de esta familia refleja el impacto humano directo de las políticas migratorias, un escenario de miedo, desgaste emocional y fragilidad de derechos que se replica en diversas ciudades del país.

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