Familias migrantes permanecen detenidas durante meses en un centro de procesamiento migratorio en el sur de Texas, donde denuncian condiciones insalubres, falta de atención médica y encierro prolongado, mientras esperan respuesta a sus solicitudes de asilo en Estados Unidos, según testimonios recopilados por organizaciones humanitarias.

El recinto, conocido oficialmente como Centro de Procesamiento de Inmigración de Dilley, se ubica a poco más de 100 kilómetros de la frontera con México. Aunque las autoridades lo clasifican como un “centro residencial familiar”, personas detenidas y defensores de derechos humanos describen un entorno de privación de libertad, vigilancia constante y servicios básicos limitados.

Las detenciones ocurren en el contexto de las políticas migratorias impulsadas durante la actual administración del presidente Donald Trump, que han endurecido los procesos de asilo y ampliado la detención de familias, incluso aquellas que se encontraban cumpliendo con sus citas judiciales.

Detención de menores y procesos de asilo en pausa

Uno de los casos documentados es el de Liam Conejo, un niño ecuatoriano de cinco años, quien fue detenido junto con su padre en enero, tras una redada migratoria en Mineápolis. Ambos permanecieron recluidos en Dilley hasta que un juez ordenó su liberación, aunque el proceso de asilo sigue abierto y con riesgo de deportación.

De acuerdo con Javier Hidalgo, director legal de la organización RAICES, este tipo de casos se repite con frecuencia. Explicó que muchas familias ya se encontraban en libertad bajo supervisión y asistían a sus audiencias, una práctica habitual en procesos de asilo, pero aun así fueron detenidas de manera sorpresiva.

En Texas operan los únicos dos centros de detención familiar del país; el segundo se localiza en el condado de Karnes. El centro de Dilley tiene capacidad para alrededor de 2 mil personas.

Alertas sanitarias y denuncias por condiciones insalubres

A inicios de febrero, autoridades de salud confirmaron posibles contagios de sarampión en el centro, lo que derivó en medidas de cuarentena para algunos de los detenidos.

Testimonios recabados por la AFP a través de RAICES describen falta de privacidad, iluminación permanente y atención médica intermitente. W., una mujer haitiana de 34 años, relató que las luces permanecen encendidas día y noche y que no se les proporciona agua embotellada de forma regular. También denunció que, en una ocasión, se sirvió comida con insectos, lo que provocó protestas entre las familias.

Diana, una madre colombiana detenida junto con su hija de 10 años, diagnosticada con enfermedad de Hirschsprung, señaló que la alimentación ofrecida agrava el padecimiento de la menor, ya que en ocasiones solo reciben frituras, lo que le ha provocado vómitos recurrentes.

Otra mujer haitiana, Crislane, de 40 años, aseguró que el ruido constante y la iluminación continua dificultan el descanso de los niños, pese a que ella contaba con permiso de trabajo y pagaba impuestos antes de su detención.

Familias de múltiples países y administración privada

En el centro de Dilley permanecen detenidas familias originarias de Azerbaiyán, Kirguistán, China, Camerún, Rusia, Honduras y Venezuela, algunas de las cuales ingresaron a Estados Unidos durante 2025.

El recinto es operado por la empresa privada CoreCivic, que en una declaración señaló que la salud y seguridad de las personas bajo su custodia es una prioridad y que trabaja en coordinación con ICE para garantizar condiciones adecuadas.

No obstante, Hidalgo sostuvo que la detención de menores genera un impacto psicológico inmediato y consideró que estas prácticas buscan presionar a las familias para que abandonen sus procesos de asilo y acepten la deportación.

Ocho meses detenida una familia egipcia

Uno de los casos más prolongados es el de una madre egipcia y sus cinco hijos, de entre cinco y 18 años, quienes llevan ocho meses detenidos en Dilley. El padre, Mohamed Soliman, fue arrestado en Colorado y acusado por un ataque contra una manifestación pro-Israel; las autoridades investigan si la familia tuvo alguna implicación.

Abogados defensores señalaron que uno de los menores presentó apendicitis y que la atención médica se retrasó varios días. Además, denunciaron que los niños no asisten a la escuela y reciben una alimentación inadecuada para su edad.

W. afirmó que agentes migratorios le han pedido firmar su deportación voluntaria, pese a que ella insiste en continuar con su solicitud de asilo y asegura no haber recibido información clara sobre las razones de su detención.

También te puede interesar:

1. ¡Prepárate! Aire húmedo y sistemas invernales desatan lluvias y frío en México