Organizaciones civiles en Estados Unidos han presentado una demanda colectiva contra la administración de Donald Trump por la eliminación de las prórrogas automáticas de permisos de trabajo, una medida que podría afectar a miles de trabajadores migrantes con estatus legal.

El recurso, impulsado por Public Citizen Litigation Group y Asylum Seeker Advocacy Project, sostiene que la decisión adoptada en octubre de 2025 pone en riesgo la estabilidad económica de familias que dependen de estos ingresos, muchas de ellas con hijos ciudadanos estadounidenses.

Durante años, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos otorgó extensiones automáticas para evitar que los trabajadores perdieran su autorización laboral debido a retrasos administrativos. Sin embargo, con la nueva normativa, los migrantes podrían quedar fuera del mercado laboral aun cuando sus trámites sigan en proceso.

Las organizaciones demandantes argumentan que el cambio se implementó sin cumplir requisitos legales, como procesos de consulta pública y análisis de impacto, lo que podría vulnerar derechos de trabajadores que cumplen con las reglas migratorias.

Especialistas advierten que la medida no solo afecta a los migrantes, sino también a empleadores y economías locales, al generar interrupciones en sectores que dependen de esta fuerza laboral.

El caso se desarrolla en un contexto de políticas migratorias más restrictivas y podría marcar un precedente sobre la legalidad de modificar mecanismos administrativos clave para la permanencia laboral de extranjeros en Estados Unidos.