El gobierno de Estados Unidos propone aumentar las multas a inmigrantes con órdenes de deportación pendientes hasta 18 mil dólares para cubrir costos relacionados con arrestos, detención y expulsión del país. La medida forma parte del endurecimiento de las políticas migratorias impulsadas por la administración de Donald Trump.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) publicó la propuesta el 20 de mayo en el Registro Federal y mantendrá abierto el periodo de revisión hasta el 22 de junio. Actualmente, las sanciones ascienden a 5 mil 130 dólares, pero las autoridades buscan triplicarlas tras calcular el gasto promedio de deportar a una persona.

Funcionarios federales señalaron que las multas están dirigidas principalmente a inmigrantes con órdenes de deportación emitidas en ausencia, es decir, personas que no acudieron a una audiencia migratoria y recibieron una orden definitiva de expulsión.

Según datos oficiales, en 2024 más de 300 mil personas recibieron órdenes de deportación en ausencia. De ese total, alrededor de 23 mil 670 fueron detenidas posteriormente y programadas para ser expulsadas de Estados Unidos.

Multas y autodeportación forman parte de la estrategia migratoria

Autoridades del Departamento de Seguridad Nacional reconocieron que probablemente nunca recaudarán gran parte del dinero. Sin embargo, explicaron que las multas buscan incentivar la autodeportación voluntaria de migrantes indocumentados.

“Nuestro mensaje es claro: los inmigrantes indocumentados que se encuentran ilegalmente en el país deben irse ahora o enfrentarán consecuencias”, declararon funcionarios del DHS a USA TODAY.

Además, la administración Trump reactivó la aplicación CBP Home, antes conocida como CBP One durante el gobierno de Joe Biden. A través de esta plataforma, las personas que decidan abandonar voluntariamente el país pueden recibir un pago de 2 mil 600 dólares y la posible condonación de multas.

Funcionarios federales indicaron que más de 100 mil personas ya utilizaron la aplicación para salir de Estados Unidos.

Organizaciones civiles critican el aumento de sanciones

Diversos grupos defensores de migrantes consideran que la política incrementa el temor entre comunidades inmigrantes y dificulta el acceso a procesos legales justos.

Sarah Mehta, subdirectora de políticas de la ACLU, afirmó que las sanciones convierten a los inmigrantes en “fugitivos de la justicia” y generan presión para abandonar el país rápidamente.

Por su parte, Aaron Reichlin-Melnick, investigador del Consejo Estadounidense de Inmigración, sostuvo que el incremento de multas no resolverá las fallas del sistema migratorio ni mejorará el cumplimiento de audiencias judiciales.

Abogados migratorios también advirtieron que algunas personas dejan de acudir a tribunales por miedo a ser detenidas inmediatamente. Nicolás Chávez, especialista en inmigración en Texas, señaló que varios migrantes consideran que no tendrán una oportunidad real de defender sus casos.

El endurecimiento de las medidas coincide con un aumento en las deportaciones ordenadas en ausencia. De acuerdo con cifras oficiales, estos casos pasaron de 62 mil 510 en 2022 a más de 223 mil en 2024.

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