La administración del presidente Donald Trump ha intensificado la presión sobre el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), confirmando este jueves que la protección contra la deportación ya no es absoluta para quienes enfrentan procesos judiciales. La ex secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, informó mediante una carta oficial que entre el 1 de enero y el 19 de noviembre de 2025, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvo a 261 beneficiarios, logrando la deportación efectiva de 86 de ellos.

El argumento central del DHS para estas acciones se basa en una interpretación estricta de la legalidad del programa. Noem citó el fallo de un juez federal en Texas que calificó a DACA como una disposición administrativa ilegal, lo que ha permitido a la actual gestión tratar a los «Dreamers» no como residentes protegidos, sino como extranjeros con una «suspensión de remoción» revocable. Aunque el gobierno afirma que el 92% de los detenidos contaba con antecedentes penales, organizaciones de derechos civiles denuncian que se están utilizando arrestos por faltas menores o acusaciones que no han llegado a sentencia para justificar las expulsiones.

La situación ha escalado al terreno legislativo, donde el senador Richard Durbin lidera una investigación sobre posibles deportaciones injustas. El foco está puesto en casos donde los cargos criminales fueron desestimados por jueces locales, pero que aun así sirvieron de base para que el DHS iniciara el proceso de deportación. Esta política se suma a la reciente captura de migrantes disfrazados de trabajadores de construcción en la frontera con México, lo que refleja una vigilancia extrema en todos los puntos de control del país este marzo de 2026.

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