Una serie de operativos llevados a cabo este jueves por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha desatado una crisis diplomática y legal entre el Gobierno Federal y las instituciones educativas del estado de Nueva York. Las autoridades universitarias han denunciado que agentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) están utilizando «falsos pretextos» y engaños, como fingir la búsqueda de personas desaparecidas, para infiltrarse en dormitorios y áreas restringidas con el fin de detener a estudiantes internacionales.

La administración de la universidad afectada señaló que los agentes federales tergiversaron su propósito para evadir la necesidad de presentar una orden judicial, la cual es obligatoria para acceder a zonas privadas del campus. Según los reportes, los oficiales han logrado que administradores de edificios y compañeros de cuarto les permitan la entrada bajo mentiras, lo que ha sido calificado por legisladores como una violación directa a los protocolos de seguridad y a la privacidad de la comunidad académica.

Oposición política y legislativa La respuesta en contra de estas acciones ha sido contundente. La Gobernadora de Nueva York, junto con representantes demócratas del Congreso, han expresado su indignación ante lo que consideran métodos «asquerosos y peligrosos». En respuesta, se ha impulsado una legislación de emergencia que prohibiría a las agencias migratorias ingresar a «lugares sensibles» como escuelas y residencias estudiantiles sin una orden firmada por un juez. Por su parte, colectivos estudiantiles han convocado a manifestaciones para exigir que las universidades fortalezcan sus políticas de protección y se nieguen a colaborar con agentes que no cumplan con los requisitos legales mínimos.

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