El gobierno de Estados Unidos cancelará los planes para convertir siete de los 11 almacenes adquiridos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en centros de detención para migrantes, pese a que se habían destinado alrededor de 700 millones de dólares para su compra como parte de una estrategia de ampliación de la infraestructura migratoria.

De acuerdo con información publicada por The New York Times, las instalaciones serán vendidas o transferidas a otras agencias federales, en un cambio de rumbo respecto a la política impulsada durante la administración del presidente Donald Trump, que buscaba fortalecer la capacidad de detención y deportación de personas migrantes.

Costos y obstáculos frenan expansión de centros migratorios

El proyecto contemplaba la creación de una red de 24 nuevos centros de detención, utilizando almacenes adquiridos por aproximadamente mil millones de dólares. Sin embargo, la implementación enfrentó diversos desafíos relacionados con costos operativos, trámites administrativos y oposición comunitaria.

Según el reporte, las promesas de ampliar las deportaciones masivas se toparon con dificultades logísticas y legales que han complicado la puesta en marcha de nuevas instalaciones.

Entre los proyectos cancelados se encuentra un almacén ubicado en Roxbury, cuya conversión en centro de detención había generado rechazo entre autoridades locales y residentes.

La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, celebró la decisión y sostuvo que el inmueble estaba diseñado para actividades logísticas y no para albergar a miles de personas.

Demandas ambientales y rechazo local influyeron en la decisión

Además de las preocupaciones sobre el impacto en servicios públicos y economías locales, el proyecto enfrentó demandas basadas en la legislación federal que exige evaluar las consecuencias ambientales de grandes desarrollos e infraestructuras.

Diversas comunidades expresaron inquietud por la posible instalación de centros de detención en sus localidades, mientras que algunos líderes republicanos también manifestaron su oposición ante las autoridades federales.

Otro factor señalado fue el elevado costo de los proyectos. Reportes citados por el diario indican que algunas de las instalaciones representaron inversiones superiores a 145 millones de dólares, sin considerar los gastos adicionales necesarios para adecuarlas como centros de detención.

La decisión refleja un ajuste en la estrategia migratoria relacionada con la expansión de infraestructura de detención, mientras continúan los debates sobre costos, impacto comunitario y desafíos legales asociados a estas instalaciones.