El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas otorgó un contrato a la empresa privada MVM Inc. para localizar a menores migrantes no acompañados, una decisión que ha generado controversia debido al historial de señalamientos en contra de la firma.

De acuerdo con información publicada por The Guardian, el programa contempla realizar verificaciones de seguridad y bienestar a niños que fueron liberados bajo la custodia de patrocinadores mientras sus casos migratorios se resuelven en tribunales.

Según los documentos citados, la empresa deberá confirmar la ubicación de los menores, su asistencia escolar y su estado general, además de identificar posibles indicios de abuso o trata de personas. Sin embargo, organizaciones como el Amica Center for Immigrant Rights advierten que estas visitas podrían funcionar como un mecanismo indirecto para localizar a familiares en situación migratoria irregular, lo que abriría la puerta a detenciones o procesos de deportación.

En respuesta, el Departamento de Seguridad Nacional señaló que los contratistas de la empresa no tienen facultades para realizar arrestos, aunque su labor de localización podría facilitar acciones posteriores por parte de las autoridades migratorias.

Especialistas en temas legales subrayan que, en muchos casos, los menores no están desaparecidos, como se ha sugerido en algunos discursos oficiales, sino que sus familiares y representantes legales conocen su paradero. El problema radica, indican, en la falta de actualización de registros por parte de las autoridades.

El historial de MVM Inc. ha sido objeto de cuestionamientos. La empresa, con sede en Virginia y antecedentes como contratista de agencias federales, enfrenta demandas por presunta tortura, desaparición forzada y trato degradante relacionadas con políticas de separación familiar implementadas en años recientes. En 2025, un juez federal permitió que uno de estos casos avanzara, lo que mantiene vigentes las acusaciones.

Además, reportes previos han señalado su participación en retención de menores en instalaciones improvisadas y en condiciones cuestionadas por organizaciones defensoras de derechos humanos.

Pese a ello, documentos de contratación indican que la empresa fue seleccionada entre varias candidatas debido a su capacidad operativa para desplegar personal en campo y ubicar físicamente a los menores.

El caso ha reavivado el debate sobre los mecanismos de supervisión migratoria en Estados Unidos y los riesgos que pueden enfrentar los menores y sus familias dentro de estos procesos.

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