En un movimiento que redefine la política de control fronterizo de los Estados Unidos, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha presentado un plan estratégico para invertir aproximadamente 38 mil millones de dólares en la creación y ampliación de su infraestructura carcelaria. Este proyecto, impulsado bajo la administración del presidente Donald Trump, contempla la adquisición y renovación de más de 20 edificios con el fin de aumentar drásticamente la capacidad de alojamiento para migrantes cuya situación legal se encuentre en proceso de resolución.

Documentos oficiales detallan que la infraestructura se dividirá en ocho grandes centros de detención y 16 sitios de procesamiento regional. El nuevo modelo operativo establece que los migrantes permanecerán en los centros regionales por periodos cortos de tres a siete días, mientras que en los denominados «Megacentros» —con capacidad para albergar hasta 10,000 personas cada uno— la estancia podría extenderse hasta los 60 días previos a una deportación o resolución legal definitiva. El objetivo del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) es que la red completa esté operativa antes del 30 de noviembre de 2026.

La magnitud del gasto ha provocado un intenso debate en el Congreso estadounidense, donde legisladores de diversos bloques cuestionan la viabilidad del financiamiento frente a otras prioridades nacionales. A pesar de la resistencia, el gobierno mantiene la expansión como un eje central de su estrategia de seguridad. Entre las ubicaciones identificadas en el proyecto destaca el estado de New Hampshire, donde se prevé la instalación de hasta 600 camas, lo que confirma que la expansión no se limitará a la zona fronteriza, sino que tendrá un alcance nacional bajo este nuevo paradigma de procesamiento acelerado.

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