Las detenciones mensuales de latinos sin antecedentes penales durante la administración del presidente Donald Trump se multiplicaron por seis frente al último año del gobierno de Joe Biden, revela un nuevo informe académico.

El estudio documenta que los arrestos pasaron de 900 personas al mes a cerca de 6 mil, con un pico histórico de 10 mil 500 detenciones en septiembre de 2025.

El análisis fue elaborado por el Centro para el Conocimiento Vecinal de UCLA y la organización Unseen, con datos del Proyecto de Deportación de UCLA y la Universidad de Berkeley.

Los investigadores revisaron registros del ICE entre febrero de 2024 y septiembre de 2025, identificando un cambio drástico en los criterios de detención migratoria.

Cambio en la política migratoria

“Bajo la administración Trump, las políticas de detención se han vuelto más amplias y menos discrecionales”, señala el reporte firmado por Paul Ong, Jonathan Ong y Sonja Diaz.

El documento subraya que las acciones ahora incluyen a personas sin historial criminal e incluso con estatus migratorio legal, contradiciendo el discurso oficial.

La mayoría de los arrestos ocurrieron en lugares de trabajo y espacios públicos, superando a las detenciones de personas con cargos o condenas previas.

Activistas denunciaron operativos en calles de Los Ángeles, incluidos casos de vendedores ambulantes arrestados frente a escuelas, generando alarma comunitaria inmediata.

“Su verdadera política es la discriminación por raza y acento”, acusó Salvador Sanabria, director de El Rescate, al calificar las acciones como racistas.

Impacto social y político

El informe también vincula el aumento de arrestos con la meta anunciada por Stephen Miller de 3 mil detenciones diarias y el despliegue de la Guardia Nacional. A mediados de septiembre de 2025, los latinos sin antecedentes penales detenidos sumaron 11 mil 500, cifra que superó 13 mil semanas después, según UCLA.

Al menos nueve de cada diez personas detenidas fueron deportadas, en un sistema saturado y con cambios restrictivos en el acceso a fianzas. El estudio indica que la mayoría eran adultos en edad laboral, principalmente hombres de 18 a 54 años, con un incremento de hasta nueve veces.

Abogados y activistas exigieron frenar la violencia institucional y criticaron a congresistas demócratas que aprobaron recursos adicionales para el ICE. Mientras las cifras reflejan un endurecimiento migratorio sin precedentes.

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